La defensa de Tohá en la Cámara al veto por usurpaciones: habló de campamentos y voluntariado de parlamentarios en Techo

“Me temo que este debate se está dando como reacciones a reacciones de las reacciones, sin conocer el veto. Y quisiera explicar aquí el contenido que este veto tiene”.

De esta forma, en el marco del debate sobre la extensión al Estado de excepción constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tomó la palabra en la Cámara de Diputados para defender el veto que presentó el Ejecutivo con la finalidad de terminar con la legítima defensa privilegiada en la Ley de Usurpaciones.

Su intervención tuvo lugar tras las críticas al haber utilizado el concepto de “usurpación pacífica” al referirse a la diferencia que buscan hacer, en línea con lo planteado en el Código Penal, respecto a si la conducta que se penaliza se concretó ejerciendo o no violencia.

En un tenso debate, con varias interrupciones, Tohá explicó que el veto “elimina todo régimen especial en materia de detención ciudadana y legítima defensa. Queda el régimen común de todos los delitos”.

La ministra justificó su intervención por “parlamentarios que han dicho que van a rechazar el estado de excepción en virtud del veto”.

“Trato de concentrarme porque me tomo en serio los argumentos. Vengo aquí a responder inquietudes”, aseguró en un áspero diálogo con legisladores de oposición.

Respecto a las penas, dijo Tohá, el veto establece tres condiciones distintas. En el caso de usurpación con violencia e intimidación se mantiene la pena propuesta por el Congreso. En segundo lugar diferencia la usurpación que genera daño en bienes, manteniendo pena privativa de libertada. “Y establece, para la tercera categoría que existe en la ley actual, no la crea el veto, que es la usurpación no violenta, cuando no se destruyen cosas, no se intimidan personas, no se lesionan personas, en ese caso se establece una pena que puede ir de cárcel a multa”, detalló.

“En todos los casos la usurpación es delito. Hoy día es falta. En todos los casos es un delito permanente. Las policías pueden en cualquier momento entrar a desalojar. Hoy día no pueden, solo lo pueden hacer durante las 12 primeras horas. En todas las ocasiones pueden detener a la gente, hoy día no se puede detener, solo se puede desalojar. En todas las ocasiones, como están cometiendo un delito, se aplican modalidades como por ejemplo la prisión preventiva”, enfatizó la secretaria de Estado.

A continuación fundamentó la diferencia que busca establecer el gobierno, en la posibilidad que se le entrega a la justicia para decidir cómo proceder con los detenidos en una toma de pobladores.

“¿Por qué le damos esta opción al juez? Porque el juez tiene que enfrentar casos en que, por ejemplo, una familia se instala en un predio porque no tiene donde vivir. No es normal. Es un delito. Van a poder ser detenidas. Van a poder ser desalojadas en todo momento. Si no dañaron a nadie. Si no destruyeron anda, el juez tendrá la opción de no condenarlos a la cárcel”, expuso.

Insistiendo en esa argumentación, Tohá apuntó al voluntariado que presumiblemente realizaron algunos legisladores en organizaciones como Techo en sus años de juventud.

“Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de Techo. Recorrieron campamentos. Se llenaron de palabras de solidaridad ¿Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirles a toda esa gente que debiera estar en la cárcel? ¿A todas esas personas? ¿Consideramos que eso es equilibrado y justo?”, inquirió la ministra.

“Otra cosa es que consideremos que esas personas sí cometieron un delito, sí ameritan una sanción, sí deben ser detenidas y sí el predio debe ser recuperado”, cerró.