Ocho episodios de la redacción de un texto histórico

Fue en medio de intercambios de última hora, cuando el oficialismo propuso que el título del documento -cuya redacción estuvo a cargo, principalmente, de Ena von Baer (UDI) y Miguel Crispi (RD)- incluyera un énfasis en la paz social. Para el sector, pero sobre todo para la UDI, que había condicionado previamente cualquier negociación al restablecimiento del orden público, esa era una condición intransable. Lo mismo plantearon respecto de la necesidad de que el texto hiciera una alusión directa al llamado que hizo el Presidente Piñera a un acuerdo nacional por una nueva Constitución. Y si bien en la oposición se allanaron a ambas ideas, ellos también incluyeron dos elementos clave. Así, pidieron que a la par del llamado del Mandatario se aludiera a la movilización social que obligó a un acuerdo en materia constitucional y, asimismo, que se incluyera al mismo nivel del "compromiso con el restablecimiento por la paz y el orden público" un compromiso irrestricto con la protección de los DD.HH.

"Apruebo o rechazo". Esas serán las dos alternativas por las que la ciudadanía podrá votar en el plebiscito de abril de 2020 para responder ante la posibilidad de una nueva Constitución. Y esas palabras no fueron elegidas al azar. Si bien en un inicio se había pensado en una fórmula en que las alternativas fuesen "Sí" y "No", desde la centroizquierda advirtieron que aquello podría generarles un problema. Esto, explican en la oposición, porque dicha opción los obligaría a hacer una campaña por el "Sí", lo que simbólicamente evocaría la opción contraria a la que defendieron en el plebiscito que en 1988 permitió el retorno a la democracia: "No". Así, finalmente, se llegó a una redacción que en sector calificaron como "neutra" y que dejó a todos conformes. Asimismo, desde un principio la derecha había advertido que el nombre de "asamblea constituyente" no debía ser parte de la redacción y, pese a que en la práctica dicho mecanismo quedó incorporado, pasó a llamarse "Convención Constitucional".

Cuando se hablaba de un acuerdo inminente a eso de las 21 horas del jueves, las negociaciones entre oficialismo y oposición se entramparon por largos minutos. Una contrapropuesta de Chile Vamos sobre cómo debía resolver la instancia constituyente las materias de disenso, ante la imposibilidad de que ninguna de las partes lograra los 2/3, tensionó las conversaciones. Ante ese escenario, desde la derecha proponían que fuese la Constitución vigente la que quedara como norma para evitar vacíos en materias relevantes. Sin embargo, la idea fue fuertemente resistida por la centroizquierda. Desde el sector advirtieron que no estaban para "trampas". Finalmente, y luego de evaluar diversas fórmulas, ambas partes acordaron que fuese la propia instancia constituyente la que se imponga en el plebiscito de entrada, la que -por 2/3 de sus miembros- acuerde cómo resolverá sus disensos.

No fue un nudo, pero era un elemento relevante. Varios habían advertido que era necesario dar garantías de "estabilidad democrática" y delimitar claramente el mandato de la instancia constituyente que redactará una nueva Constitución. Fue con esa premisa que en la redacción del texto se incorporó el punto número cinco en que se destaca explícitamente que el único objeto de la convención será escribir la propuesta constitucional y que no podrá afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado. Esto, según se conversó en las negociaciones, para evitar que la instancia pueda arrogarse facultades que no le competen. Con ese mismo objetivo, se específica que la convención que triunfe en el plebiscito debe disolverse luego del plazo de su mandato, es decir, tras nueve meses, los que pueden ser prorrogables a tres más por una única vez.

Fue uno de los últimos detalles que la madrugada del jueves terminó dilatando la salida de humo blanco en la sede del Congreso en Santiago. Desde el miércoles que la oposición había puesto sobre la mesa que, en caso de acordarse una fórmula intermedia que incluyera la participación de parlamentarios en ejercicio, éstos debían cesar en sus cargos y quedar inhabilitados para participar de la próxima elección de 2021.

Para el sector era importante que la instancia constituyente no fuese utilizada como un trampolín electoral. Sin embargo, en Chile Vamos la idea fue resistida. Según fuentes que conocieron de las últimas negociaciones, uno de los que más se opuso a esa propuesta fue el senador Andrés Allamand (RN).

Y si bien se plantearon distintas alternativas desde la derecha, finalmente, se concedió que en el caso de la Convención Constitucional, las autoridades que postulen cesen en sus cargos.

Fue el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, quien impulsó con mayor fuerza durante las negociaciones la necesidad de que tanto el plebiscito de entrada como la elección de delegados y el plebiscito ratificatorio fuesen mediante voto obligatorio.

La propuesta, que tenía el respaldo de toda la oposición, sin embargo, no fue acogida en su totalidad desde Chile Vamos, desde donde sólo se abrieron a que el plebiscito ratificatorio operara con voto obligatorio. Así, las otras dos instancias lo harán bajo voto voluntario.

En el sector ven con preocupación que aquella decisión pueda mermar la participación ciudadana en el proceso. Aunque, aseguran, el acuerdo no inhabilita al Congreso a tramitar un proyecto que, de hecho, ya está en tabla en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y que repone el sufragio obligatorio antes de la fecha del plebiscito.

No había sido un tema controvertido. De hecho, desde temprano el jueves se hablaba de un plebiscito para mayo de 2020 para que en los comicios municipales de octubre de ese año se eligieran también los delegados a la instancia constituyente. Además, había acuerdo con que su mandato se extendiera por un año. Así, el texto estaría listo para ser ratificado en las presidenciales de 2021, mediante plebiscito. Sin embargo, lo que parecía un consenso claro, al final de la jornada fue puesto en duda. Esto, porque desde Chile Vamos advirtieron que el acople de los comicios presidenciales con la ratificación de un nuevo texto constitucional podría afectar a sus candidatos. Sobre todo, por la amenaza de una eventual candidatura de José Antonio Kast, quien ya anunció que liderará la campaña para mantener la Carta Fundamental vigente. Ante ese temor, finalmente se estableció que "en ningún caso" el plebiscito ratificatorio podrá realizarse "sesenta días antes ni después de una votación popular".

Cerca de la 1.00 de la mañana, todos los presidentes de partido, desde el FA a la UDI, se reunieron en una de las oficinas de la presidencia del Senado para destrabar los últimos detalles del acuerdo por una nueva Constitución. Sin embargo, en el salón no estaba la presidenta de Convergencia Social (CS), Gael Yeomans, quien había participado durante todo la jornada en las conversaciones. En su lugar, estaba el diputado de su partido, Gabriel Boric.

Ahí, para sorpresa de todo el arco político y del FA, Boric -quien jugó un rol clave en el proceso- les dijo a los timoneles que daría su firma a título personal y que su colectividad lo había "dejado solo".

Su decisión gatilló una serie de discusiones y tensiones al interior de CS. Así, por ejemplo, algunas de sus principales figuras, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticaron el acuerdo por redes sociales, lo que provocó una discusión pública.