En agosto del año pasado seis empresas de mensajería de texto (SMS) presentaron una demanda en contra de Wom -firma de telecomunicaciones controlada por el fondo inglés Novator- por presuntas prácticas anticompetitivas y exclusorias ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Altera, Habla IP, Connectus, Voz digital, ITD Chile y Linksat denunciaron que la compañía, ligada al empresario islandés Thor Bjorgolfsson, en una conducta “unilateral y arbitraria” elevó en 66 veces el valor del servicio de terminación de los mensajes de texto en su red.

A once meses de iniciado el conflicto, el caso entró en una fase clave y las demandantes presentaron el listado de testigos que formarán parte del litigio. Entre ella está el gerente general de Entel Antonio Büchi y el presidente de Telefónica Movistar Chile, Roberto Muñoz. A ellos se suma el ex gerente general de Claro Chile, Gerardo Muñoz. Además de dos empleados de Wom, como el jefe del Área de Interconexión y Mayoristas, y el gestor comercial, Juan Pablo Castro y Michel Parra, respectivamente.

Las seis compañías que operan en el mercado de SMS solicitaron también al TDLC citar a declarar a ex funcionarios públicos como el exfiscal nacional económico Ricardo Riesco y los ex subsecretarios de Telecomunicaciones, Pablo Huichalaf, Pamela Gidi y Francisco Moreno. También solicitaron citar a declarar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz y a la ex jefa de la cartera Gloria Hutt, quien estuvo al mando de dicha repartición durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

De la misma forma, Wom también presentó su listado de testigos con nueve ingenieros internos de la compañía.

Esta nueva fase del conflicto entre las empresas de SMS se produce luego de fallidos acercamientos entre las partes para alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Quienes conocieron las tratativas, destacaron que Wom ofreció a los demandantes cobrarles por los mensajes una tarifa nacional, como lo pedían en la demanda, y de manera retroactiva hasta que la Subtel dictamine el monto que se debe exigir para este tipo de servicio. Sin embargo, la propuesta habría sido rechazada porque no incorporaba compensaciones económicas para las firmas de SMS, según fuentes conocedoras del caso.

En las próximas semanas el TDLC debería comenzar a citar a las autoridades y ex ejecutivos a declarar en el proceso y las empresas presentarán sus estudios en derecho y económicos que avalan sus alegaciones.

Por su parte la defensa de Wom, asesorada por Albagli Zaliasnik, presentará un informe que realizó la economista Andrea Butelmann y que hasta ahora se mantiene bajo absoluta reserva. El estudio respaldaría las cifras y cobros a las empresas de SMS.

Habla IP, Connectus, Voz digital, ITD Chile y Linksat son representadas en el litigio por Daniel Oksenberg, socio de litigios en Oksenberg y Arenas. En tanto, Altera, filial de Andes Inversiones SpA, es asesorada por el abogado Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados.

“Desde el año ante pasado la FNE ha estado realizando una investigación cuyos resultados parciales ha comunicado a Subtel a propósito del proceso tarifario que abrió a principios de 2023 y en esos informes la fiscalía ha sido clara en que no existe ninguna categorización en los mensajes de SMS que pudiera permitir un cobro diferenciado. Estamos evaluando la citación al representante legal de Wom para que aclare los comportamientos que han sido objeto de la demanda y justifique porqué decidir incumplir las condiciones pactadas con Altera”, acotó Reyes.

El conflicto tiene su origen en 2021, cuando Wom cambia las reglas en la relación comercial con empresas de SMS y decide que de ahora en adelante las compañías deberán relacionarse con Infobip, una empresa que a nivel mundial se encarga del enrutamiento de mensajería de texto.

Desde esa fecha, Wom, si bien envía la factura de cobro con sus nuevos precios a las empresas de SMS, estas nunca han cancelado dichos montos. A pesar de ello no ha cortado el servicio a las firmas que se mantienen morosas, según indican fuentes.

Para las demandantes, Infobip viene a ser una suerte de “peaje”, lo cual es negado en Wom, pues a su juicio de esta última ofrece un servicio que permite diferenciar la evolución de este mercado. Anteriormente la única forma de comunicarse era a través de SMS, cuando no existían internet ni WhatsApp, y surgió la tendencia cada vez más creciente de que las verificaciones comerciales se comenzaron a ejecutar a través de mensajería de texto.

Desde claves para acceso al banco a los códigos de verificación para ingresar a WhatsApp y Facebook. Las interacciones con la banca y las redes sociales volvieron a abrir el interés por este servicio. Por lo mismo, según ha planteado en el juicio Wom, las empresas operadoras de telecomunicaciones estaban poco preparadas para recibir una demanda tan fuerte en este mercado, pues deben dar preferencia a los mensajes que llegan con claves de verificación, porque tienen minutos limitados de vigencia.

Por lo mismo, Wom realizó una licitación para que el negocio sea administrado por una empresa experta y decidió acoger la propuesta de Infobip, compañía que presta el software para la tarificación y el firewall (cortafuegos), que permite cuidar a sus clientes de spam, phishing y maleware.

Las empresas de SMS alegan que la implementación de este servicio no debe elevar las tarifas en 66 veces, y Wom se defiende, asegurando que hizo un benchmark entre empresas, estableciendo que los mensajes de verificación son de carácter internacional. En efecto, el cobro que efectúa Infobip a las empresas de SMS es muy similar al que se efectúa por este servicio en México, Argentina y Perú.