La columna de Gonzalo Said: “La punta del iceberg”

En medio de la discusión fiscal, el Gobierno ha avanzado con diversos estudios e insumos que ha recabado desde organismos internacionales, públicos y privados. Uno de ellos parece ser lapidario: el informe que encargó el Gobierno a la OCDE estima que el ahorro potencial del sector público está entre el 0,11% y el 0,13% del PIB en total a medio y largo plazo, basado en que solo 15% del gasto público es accionable.

Bajo esta lógica, estaríamos frente a un nivel de eficiencia del gasto fiscal incontrarrestable y con poco margen de acción. Sin embargo, al revisar en detalle los supuestos detrás de este informe es evidente que muestran solo una parte del universo accionable en materia de gasto público.

El estudio de la OCDE se focaliza solo en algunos ámbitos con potencial de ahorro -gastos operativos, en TI, bien inmueble, gasto en personal y algunos otros- en los cuales, usando la experiencia comparada con otros países de la OCDE, encuentra espacios de ajuste que fluctúan entre el 1,5% (gastos en personal) hasta el 27% (gastos en TI).

La pregunta que subyace es si la referencia usada para estimar el espacio accionable es la adecuada y si no es recomendable mirar el 85% de todo el resto.

Detengámonos un minuto en el gasto en personal. De acuerdo con las cifras de empleo del INE, el empleo asalariado público aumentó en un año en casi 100 mil personas, convirtiéndose en uno de los principales contribuyentes a la generación de nuevos puestos de trabajo junto a los empleos por cuenta propia. Estos 100 mil empleos adicionales le cuestan al Estado alrededor de USD $1.300 millones que representa un 0,4% del PIB. Cuesta pensar que el Estado chileno requiera un aumento de dotación tan pronunciado en tiempos en que la automatización de procesos permite simplificar tareas rutinarias y entregar mejores servicios con menor dotación.

Otro dato. En el informe que presentamos con la CPC relevamos una práctica que ya había mencionado en este espacio en el pasado. Es sorprendente que los trabajadores públicos tomen 35 días promedio de licencias médicas (en contraste con los 22 días promedio de licencias médicas en el sector privado). Estimamos que esto tiene un costo aproximado de otros USD $1.800 millones.

Es cierto que el Estatuto Administrativo impide efectuar cambios estructurales en la dotación del Estado, porque en la práctica existe inamovilidad de los trabajadores públicos. Pero más que constatar esta realidad, la gran pregunta es qué estamos haciendo para cambiarla. La solución no puede ser sencillamente contratar más gente para hacer el trabajo que los actuales empleados públicos no hacen.

Las empresas que buscan subsistir en mercados cada vez más cambiantes y exigentes deben estar revisando permanentemente su estructura de costos. No basta con mirar superficialmente el 15% o 20%, la punta del iceberg. Es esencial dimensionar el problema en su totalidad.

El aparataje estatal no es un fin en sí mismo, como muchas veces se nos hace pensar. Su objetivo es proveer servicios públicos que, de otra forma, no existirían. Pero como muchas veces actúa como un monopolio y usa recursos que son aportados por los contribuyentes, debe extremar el cuidado y la eficiencia con la que esos recursos se gastan. Con los casos de corrupción del último tiempo y con el engrosamiento de la dotación pública se percibe poco interés por cuidar los recursos de todos.

* El autor es vicepresidente de Sofofa