El martes de la semana pasada -a través de la plataforma Zoom- se reunió por primera vez la junta de acreedores de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV). El encuentro, que comenzó a las 11:30 horas y terminó a las 16:30 horas, estableció los primeros lineamientos sobre la liquidación de la compañía que posee pasivos por $96.968 millones.

Se trata de la liquidación más emblemática del 2022, según explican abogados expertos en insolvencia, no sólo por el alto número de proveedores involucrados, sino también por la cantidad de trabajadores afectados y el monto total de la deuda.

En la instancia -en que participaron también unos 600 proveedores- se acordó llevar a cabo el primer remate de un terreno de propiedad de la empresa, que corresponde a un paño de dos hectáreas (Lote 2-A-1) ubicado en el sector El Claro, en Coyhaique, Región de Aysén. Para ello, el primer paso es realizar una tasación del bien y luego su posterior venta, lo que será efectuado por la empresa Tattersall.

El 21 de octubre de 2022, la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) pidió su proceso de liquidación acusando un mal momento para la empresa, condiciones del mercado desfavorables y apuntado al gobierno como uno de los responsables. La firma, con 65 años de historia, que está detrás de proyectos emblemáticos como el Estadio de Playa Ancha en la Región de Valparaíso y el Centro Cultural Gabriela Mistral en la Región Metropolitana, entre otros, dijo sentirse frustrada y dolida tras anunciar su quiebra.

La junta acordó también la continuidad de las actividades económicas de la compañía durante el plazo de un año y que los bienes incautados sean rematados por el martillero concursal Nicolás del Rio.

Por otro lado, la junta dispuso que durante la próxima sesión se acuerden decisiones sobre las participaciones societarias y las marcas que son de propiedad de la constructora.

Asimismo, la junta aprobó la propuesta de la liquidadora Loreto Ried, quien planteó devolver a la banca parte de los bienes sujetos a contratos de leasing o arriendos con opción de compra. Ello, a excepción de aquellos que son de BancoEstado, Banco Consorcio y siete inmuebles del Banco BCI.

“(Las subastas de) Estos bienes se realizarán conforme lo estipula el art. 227 de la ley del ramo, fijándose como precio mínimo de la subasta el precio del contrato, y si existiere un excedente, se ingresará a la masa. Además, la Junta da por terminados todos los contratos de leasing o arriendos con opción de compra que posee la deudora”, consignó el acta.

La junta acordó designar como presidente al acreedor Vantrust Capital Administradora General de Fondos y como secretario a Factoring Baninter.

“Lo más complejo para los trabajadores es la espera en los pagos, pero también la incertidumbre de perder una fuente laboral. Tenemos dos grupos de trabajadores afectados que podemos dividir en calificados y de baja calificación, siendo estos últimos los más complicados en reubicarse”, explicó el abogado Octavio Azócar de ChileDefensa.cl, que representa a 200 extrabajadores de CVV.

El jurista, que también asesora a un grupo de exproveedores que prestaba servicios a la constructora, sostuvo que estos últimos otorgaron créditos a la empresa fallida, lo cual los obligará a quebrar en un efecto dominó.

Según consta en el acta, la liquidadora Loreto Ried informó que ha confeccionado los finiquitos para 2.108 trabajadores, los cuales fueron despedidos con anterioridad a la dictación de la resolución de liquidación. El monto total de todos los finiquitos mencionados asciende a la suma de $10.513 millones.

Al mismo tiempo, la jurista indicó que ha sido notificada de 73 demandas laborales, interpuestas en contra de la empresa deudora. En 19 de ellas se demandan prestaciones valistas (accidentes del trabajo, enfermedad laboral, etc), y en las 54 restantes se demandan prestaciones laborales que gozan de preferencia.

Según consta en acta, en la junta hubo una presentación, cuyo contenido detalla las gestiones de la constructora a fin de cobrar impagos por servicios prestados y que actualmente están en ejecución.

Las obras ejecutadas no pagadas por modificaciones de contratos con el Estado de Chile suman $9.387 millones. El 52% de dicho monto corresponde a mayores costos de ejecución de obras. Le siguen modificaciones pendientes (30%) y obras ejecutadas no pagadas (18%).

Asimismo, la presentación detalló que existen pagos sujetos a afectaciones e interferencias adicionales que suman $9.870 millones. En este caso se trata de 22 contratos con entidades como la Corporación de Administración del Poder Judicial, Minsal, MOP, municipalidades, Serviu y empresas privadas.

Justamente en este grupo figura el arbitraje que inició CVV el 25 de octubre con la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Diego Aracena por una serie de incumplimientos, como el no pago de obras adicionales y extraordinarias.

Según la presentación de la constructora, el perjuicio reclamado en relación al conflicto con la concesionaria suma $27.942 millones. CVV presentó la demanda arbitral ante el CAM Santiago y hoy el caso está a cargo de la árbitro Marcela Achurra. El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo el primer comparendo y se citó a las partes para el próximo 4 de enero de 2023 a la primera audiencia que fijará las bases del procedimiento.