En 2018 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación sobre restricciones a la entrada en el mercado de tarjetas de pago, donde está mirando el paso al modelo de 4 partes que actualmente vive el país. La investigación inició luego de que Santander decidió salir de la propiedad de Transbank para lanzar su propia red de adquirencia. Así, todos los actores han mantenido diversas conversaciones, especialmente después del fallo de la Corte Suprema por las tarifas de Transbank. Pero recién ahora la asociación de fintech (FinteChile) decidió entrar oficialmente al debate de las tasas de intercambio y el modelo de 4 partes haciéndose parte de esta investigación: la semana pasada enviaron un oficio a la FNE donde plantean sus dos mayores preocupaciones.

En primer lugar, apuntan al precio de los futuros merchant discount (comisiones cobradas a los comercios) que fijaron las marcas de tarjetas, principalmente Mastercard y Visa. Allí detallan que las tasas de intercambio anunciadas por las marcas de tarjetas "serían en muchos casos considerablemente superiores a las que hasta ahora ha considerado de manera implícita la empresa Transbank".

Es más, advierten que "el alza que experimentarán las comisiones cobradas a los comercios, será traspasada a precio y, por tanto, deberá ser pagada por los consumidores finales; lo que a su vez implicará mayores precios en la economía, derivado de la determinación de tasas por parte de empresas con evidente poder de mercado (marcas de tarjetas), sin que exista siquiera evidencia de la justificación de los valores fijados al efecto".

Es por esto que piden que la autoridad considere regular las tasas de intercambio. "En múltiples legislaciones, las tasas de intercambio se encuentran reguladas", comenta FinteChile en el oficio.

"Tal situación no parece ser alejada a la realidad chilena, sobre todo si se considera que la emisión de tarjetas es altamente dominada por solo dos marcas, lo que en los hechos constituye un duopolio que, de no ser regulado vía legal, administrativa y/o judicial, podría derivar en claros abusos en la fijación de sus tarifas, tal como se vislumbra desde ya", agregaron.

La segunda preocupación que manifestaron en el oficio, es la falta de reglas para el acceso al mercado, de una manera viable, por parte de los PSP (Proveedores de Servicios de Pago), o subadquirentes, los que en algunos casos operan como pasarelas de pago y en otros casos prestando servicios similares a los ofrecidos por empresas como Transbank y Multicaja, pero con la particularidad de que siempre requieren utilizar las redes de dichos adquirentes para poder operar en el mercado.

"Hasta la fecha, no existe una reglamentación clara sobre los PSP ni sobre las condiciones técnicas y económicas que las empresas adquirentes deben aplicar a su respecto, ni mucho menos respecto de los límites que tales compañías con red deben respetar en su relación con los PSP, ni respecto de la necesidad de que los precios que cobren a estos últimos sean viables para obtener un margen razonable y, a la vez, poder competir con los mismos adquirentes que les proveen dicho esencial acceso a la red", puntualiza.

En ese sentido, recuerda que la Corte Suprema ya falló en 2011 sobre una situación similar, pero en la industria de telefonía móvil, cuando ordenó "a las requeridas presentar en un plazo de 90 días una oferta de facilidades y/o reventa de planes para operadores móviles virtuales, sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios".

Con todo, el gremio detalla que "ya en el modelo de 3 partes vigente, la relación de los PSP con Transbank ha sido dificultosa, poco objetiva y poco transparente, de manera que no ha habido certeza alguna acerca de si, por ejemplo, las dificultades técnicas experimentadas se han debido o no a situaciones fortuitas o imprevistas".