Caerán hasta los deudores por pensión alimenticia: reconocimiento facial es la carta de la ANFP para acabar con la violencia en los estadios

Reconocimiento facial, Monumental
El reconocimiento facial, en una prueba en el Monumental

En Quilín apuestan por la tecnología como tabla de salvación frente al flagelo que vuelve a acechar al fútbol nacional. Sin embargo, para que la utilidad sea absoluta, debe mediar el compromiso de servicios públicos que deben proporcionar información clave.


La ANFP promete darle batalla sin cuartel a la violencia en los estadios. El Clásico Universitario fallido en Concepción es apenas la última muestra del descontrol que impera en los recintos deportivos. Antes, el Superclásico entre Colo Colo y la U había estado empañado por incidentes y en la Copa Libertadores los hinchas albos protagonizaron graves incidentes en el duelo frente al Monagas, que menguaron considerablemente la asistencia de público en el duelo frente a Boca Juniors.

La conclusión es que llegó el momento de actuar. Y, sobre todo, de extremar recursos, económicos e ingenio, para imponer de vuelta la cordura en los coliseos. Las excusas y el traspaso de responsabilidades sirven de poco cuando el problema es tan latente como evidente. La obligación es ir un paso adelante, incluso apelando al uso de la tecnología como principal aliado.

Caras y malos corazones

El reconocimiento facial fue, hace exactamente cinco años, la gran apuesta de los clubes para identificar y erradicar a los delincuentes de los escenarios deportivos. A través del sistema, se podía cotejar en línea la información que se obtenía en el ingreso al respectivo reducto con la que está disponible en las bases de datos de interés para tales efectos. También se chequeaban perfiles biométricos. “Se instala en las cámaras de alta resolución y eso permite tener una base de datos con fotografías de alta calidad asociadas a un RUT y nombre, de tal manera que una persona pueda ser detectada e identificada”, explicaba, el año pasado, Felipe de Pablo, asesor de seguridad de la ANFP, quien participó en la reunión de la que emergieron las últimas propuestas. “Es importante que los recintos estén habilitados estructuralmente, especialmente en lo que refiere a un mínimo de luminosidad, al ángulo de la fotografía y que hoy también se tomen en cuenta las mascarillas, porque resulta ser un problema en la identificación”, declaró en esa oportunidad, cuando aún había restricciones relativas al Covid-19.

De esta manera, se podía determinar si un individuo tenía algún encargo de la justicia o si estaba sujeto a algunas de las prohibiciones de ingreso que se contempla en los códigos 101 y 102, que dicen relación precisamente con el Protocolo de Aplicación de Derecho de Admisión. El primero apunta a las prohibiciones judiciales. El segundo es una facultad de los clubes como organizadores de los espectáculos. En caso de estar impedido, se le negaba el acceso, sin perjuicio del resto de las medidas relativas a su situación judicial. En el conjunto de medidas que presentó la ANFP, en voz de su presidente, Pablo Milad, se propone ampliar esa normativa con el código 103, que se aplicaría a los deudores de pensiones alimenticias, sin que quedara clara la relación entre un ámbito y otro.

Los graves incidentes pueden costarle caro a la U.
La violencia en el clásico universitario (Foto: Agenciauno)

En todos los casos, el nexo del sistema con entidades relacionadas es crucial. Cuando funcionó por primera vez, se podía acceder inmediatamente a la información judicial del respectivo individuo. Ahora, la aspiración es a que la conexión se establezca incluso con el Registro Civil, que cuenta con datos más amplios que podrían resultar trascendentes para la tarea.

El servicio, operado por empresas especializadas, era aplaudido por todos. “Nos parece que estas máquinas de reconocimiento facial se enmarcan dentro de lo que hemos estado trabajando como autoridades con los clubes, para seguir resguardando la seguridad al interior de los estadios. Colo Colo, al igual que otros clubes, están invirtiendo en tecnología, pero además hemos visto como también se han preocupado de perturbar lo menos posible el entorno de los estadios, limpiando las calles aledañas luego de cada partido de local. Esta disposición ha sido muy exitosa, y los alcaldes y vecinos son los que más lo agradecen”, declaraba, por ejemplo, Karla Rubilar, entonces intendenta metropolitana, en los albores de su implementación.

Ahora, frente a la actual realidad, el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien estuvo vinculado a la ANFP, llamó a los clubes a invertir en ese recurso. “Lo que se necesita es que haya una mayor inversión de tecnología en los estadios, que hayan cámaras con reconocimiento facial, que los clubes se animen a poner sanciones severas a los organizadores de los espectáculos que no son capaces de exigir la responsabilidad”, declaró a la radio ADN. También reparó en la obligación de los privados de garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que organizan. “Si bien es una perspectiva legítima, yo creo que es reduccionista porque tengo la impresión de que en nuestro país el fútbol es más que eso, es más un espectáculo financiado por sociedades anónimas deportivas comparables con un concierto, el fútbol canaliza pasiones, hay amores, los hinchas se sienten dueños de la camiseta más que los accionistas. Es mucho más que eso”, sentenció.

¿Por qué no siguió operando?

Implementar controles de acceso mediante reconocimiento facial, naturalmente, tenía costos. Instalar el sistema implica unos 80 millones de pesos, aunque un dispositivo más integral, con detectores de metales, reconocimiento facial y cámaras de alta resolución, escáner de huella digital y los respectivos torniquetes la elevaba a unos $ 250 millones. En efecto, el sistema alcanzó a instalarse en algunos recintos deportivos. En otros llegó a darse la situación de que, pese a que los elementos estaban instalados, faltaba el software para la respectiva operación.

Sin embargo, la mayor traba no es la económica, sino la administrativa. En efecto, no existen disposiciones legales que impidan que los clubes ocupen el equipamiento. El problema radica en donde lo instalan: como la mayoría de los estadios en los que se realizan los respectivos torneos son municipales o fiscales, hay que lidiar con sus respectivos dueños: los municipios o el Estado. Y ahí surge el principal obstáculo: la Contraloría suele objetar la instalación de recursos ajenos a la infraestructura por parte de terceros. “Los clubes tienen intenciones de invertir, pero en estadios que no son propios es un lío. Como privado no puedes invertir. Después hay temas políticos, como la voluntad del alcalde de turno”, grafica un dirigente de un club de provincias.

La misma lógica aplica en el caso del financiamiento a una eventual presencia de Carabineros en los estadios. Incluso si llegara a existir la voluntad de los clubes y de la ANFP en orden a pagar por el servicio de seguridad en los partidos, se chocaría con las disposiciones legales que lo impiden. Mientras, a la espera de la actualización de disposiciones legales que resultan anacrónicas, el problemas sigue ahí. Sin solución.

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