El gobierno de Mariano Rajoy enfrentará una moción de censura después de que los jueces fallaron que el Partido Popular se benefició de un amplio plan de sobornos a cambio de contratos.
Una portavoz dijo que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó el voto en el parlamento al día siguiente de que la Audiencia Nacional declaró culpables a 29 empresarios y funcionarios del conservador PP de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos.
Los jueces emitieron sentencias de cárcel por un total de 351 años y multaron al partido gobernante con 245.000 euros (287.000 dólares).
La impugnación coloca el futuro de Rajoy contra las cuerdas, pero el líder socialista Pedro Sánchez deberá convencer a otros partidos opositores que respalden sus 84 votos en el congreso de 350 bancas para echar a los conservadores del gobierno.
El partido de izquierda Podemos, con 67 bancas, ha dicho que votará por la destitución de Rajoy. Pero el PSOE también está presionando a los derechistas del partido Ciudadanos para que decidan si respaldarán o no la censura, que necesita un mínimo de 175 votos para imponerse.
Hasta ahora Ciudadanos ha apoyado el gobierno en minoría, pero las críticas de su dirigente Albert Rivera han ido en aumento a medida que crece la popularidad del partido en las encuestas recientes.
La moción de censura corona una semana de altibajos para el PP de Rajoy, cuya obtención el miércoles de un respaldo crucial para su proyecto de presupuesto 2018 parecía darle margen de maniobra suficiente para llegar al final de su mandato en 2020.
Pero el revés se produjo menos de 24 horas más tarde bajo la forma de un fallo de 1.687 fojas sobre la llamada causa Gürtel, considerada un episodio de corrupción como ha habido pocos en la historia moderna de España.
Además de condenas de prisión por un total de 351 años a una veintena de individuos, los jueces impusieron una multa de 245.000 euros (287.000 dólares) al partido oficialista como "participante a título lucrativo" de la trama.
El veredicto tuvo en cuenta la creación de una red de empresas y altos cargos del partido para organizar viajes y eventos para el PP a cambio de contratos públicos.
En algunas de las partes más perjudiciales del fallo, los jueces sostuvieron que el PP mantuvo un fondo para sobornos al menos hasta 2008 y pusieron en duda la credibilidad de Rajoy cuando negó todo conocimiento de la trama durante una audiencia en la que el presidente declaró como testigo.
Las condenas fueron un duro revés para el gobierno del presidente de 63 años, quien además de defender a su partido de decenas de denuncias de corrupción, enfrenta el movimiento separatista en Cataluña.
El partido gobernante ha dicho que apelará la parte del fallo que lo declara "participante a título lucrativo" de la trama. Rajoy no ha hecho declaraciones públicas después de la sentencia, pero su oficina dijo en un comunicado el jueves que nadie en el gobierno actual o la conducción del partido estaba al tanto de práctica ilícita alguna.