El Tribunal Constitucional (TC) continúa revisando el proyecto de educación superior aprobado por el Congreso y, según ha trascendido, los ministros estarían analizando "con lupa" los artículos de la iniciativa que está en el último trámite para transformarse en ley. Y también "con lupa" está siendo observado el trabajo de los integrantes del tribunal, que podría declarar inconstitucionales algunos artículos clave del documento que consagra la gratuidad universal.
Ministros consultados señalaron que aún no se puede adelantar una resolución, pero que el Artículo 63 del proyecto de Educación Superior -que prohíbe que las universidades tengan controladores con fines de lucro- ha generado ruido. En caso de que este punto sea declarado inconstitucional, se permitiría la existencia de grupos económicos que sean propietarios de instituciones de educación, como ocurre actualmente con el grupo Laureate, que es dueño por ejemplo de la U. Andrés Bello y la U. de las Américas.
La discusión en el TC, sobre este punto, ha mostrado hasta ahora importantes variaciones de criterio, lo que abre la incertidumbre respecto de un eventual fallo. La inquietud aumentó luego que se confirmara que los ministros decidieran volver a revisar el artículo la próxima semana, dejando en suspenso si se mantendrá en el texto la prohibición al llamado "lucro aguas arriba".
Consultado sobre esta eventual restricción legal, el ministro de Educación, Gerardo Varela, afirmó que "a mí me parece en general una mala idea". Y dijo que si grandes empresas en Chile quieren fundar colegios debieran poder hacerlo.
Además, en el Congreso circula el rumor de que el TC podría "bajar" no solo la norma que prohíbe los fines de lucro en los controladores, sino también los gatillos para llegar a la gratuidad universal y la fijación de aranceles para los alumnos que no cuentan con el beneficio, situación que no agrada en la ex Nueva Mayoría y tampoco en el oficialismo.
Ante esto, la oposición envió un mensaje claro al gobierno: la resolución del TC va a condicionar el apoyo a futuros proyectos del Ejecutivo y toda posibilidad de diálogo. Y el senador Carlos Montes (PS) advirtió al ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, en la reunión que sostuvieron este martes, que si el fallo modifica sustantivamente la iniciativa considerada emblemática para el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, se tensionaría considerablemente la relación entre la oposición y el gobierno. Consultado, Montes afirmó que "esperamos que el TC respete las decisiones soberanas del Parlamento".
En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Cristina Girardi, dijo que "si el TC pretende torcer la voluntad del Parlamento y la voluntad ciudadana, quiere decir que la derecha está de acuerdo con eso y claramente nos va a poner en una situación de mayor oposición a los proyectos que ellos planteen".
En tanto, Jaime Quintana, integrante de la Comisión de Educación del Senado, afirmó que "ante un eventual fallo adverso del TC, se pone a prueba la actitud de diálogo y entendimiento con la cual ha arribado este gobierno". Y agregó que "el Ejecutivo ha dado muestras de diálogo y de entendimiento que hay que valorar y yo esperaría del gobierno también un rechazo enérgico ante cualquier cambio del TC".
La senadora de la UDI Ena von Baer, quien también integra la Comisión de Educación, afirmó que "el TC es independiente y el llamado que hacemos es a legislar según necesidades de la ciudadanía, que espera que trabajemos en unidad".