SEÑOR DIRECTOR
Pareciera que el gobierno y los parlamentarios oficialistas sufren problemas de memoria. En diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que se exigiera a las universidades privadas cuatro años de acreditación para acceder a la gratuidad, versus que para las universidades estatales esta condición no aplicara. A dos años, el gobierno y sus parlamentarios volverán a insistir con lo mismo, esta vez en el marco de la ley de universidades estatales. El proyecto, tal como avanza en su tramitación, no exige acreditación vigente a las instituciones del Estado como requisito para la gratuidad. Bastará con que una universidad estatal acreditada por cinco o más años "tutele" (¿?) a la institución estatal con menos de cuatro años de acreditación (incluyendo a las nuevas, no acreditadas), para que la universidad que no cumple los niveles mínimos de calidad que se exige al resto del sistema, acceda a la gratuidad.
Al margen de que la medida propuesta termine resultando inconstitucional nuevamente, el fondo del asunto es mucho más grave. Fue la propia Presidenta Bachelet la que en julio de 2014 dijo: "Queremos que haya gratuidad, pero que además exista calidad, porque gratis y malo no lo necesita nadie". Sería bueno que la ministra de Educación converse con la Presidenta para saber si mantiene su postura o si ahora lo único importante es que sea gratis. La calidad… bueno, la calidad quedará para otro momento o, mejor dicho, para otro gobierno.
José Miguel Rodríguez
Gerente General Agencia AcreditAcción