EL ACUERDO logrado por la Universidad Católica de Chile (UC) con el Estado para desistirse de la demanda civil que el plantel había interpuesto por el no pago de los recursos vinculados al Aporte Fiscal Indirecto (AFI) dan por concluido un lamentable episodio generado por el improvisado y mal manejo que ha tenido la reforma educacional promovida por la actual administración.
El AFI es un programa que proporciona fondos a las instituciones de educación superior que logran atraer a los mejores postulantes a sus aulas. De esta manera, entrega incentivos adecuados a todas las instituciones de educación superior, buscando que ellas compitan por atraer a los mejores estudiantes, independiente de cualquier otra consideración social o económica. Las instituciones utilizaban típicamente estos recursos para financiar programas de ayudas estudiantiles, premiando el mérito. Es un hecho que, dada la manera como se distribuyen los recursos -de acuerdo a los puntajes PSU-, los mejores estudiantes mayormente provienen de los sectores más aventajados; sin embargo, ello era relativamente sencillo de perfeccionar -por ejemplo, mejorando algunos de los problemas de diseño de la PSU, como su aplicación en establecimientos técnico-profesionales que no cubren el currículo que dicho test evalúa-, manteniendo los incentivos y el tratamiento igualitario a las instituciones que subyacen a un mecanismo como el AFI.
Con todo, es legítimo que el gobierno quiera modificar el AFI y dada su mayoría en ambas cámaras, probablemente hubiese contado con los votos suficientes para reformar dicho mecanismo. En efecto, en 2016 había reducido a la mitad la cantidad de recursos -pasaron desde unos $ 24.500 millones a cerca de $ 12.800 millones- asignados vía AFI. Pero para eliminarlo por completo, debía modificar el artículo 3° del DFL N°4 de 1981. Dicho requisito era evidente y es improbable que ni el Ministro de Hacienda, la titular de Educación ni sus asesores lo hayan ignorado; más bien parece que se quiso evitar el debate de fondo, cual es el diseño de un sistema de financiamiento adecuado para la educación superior.
Para salir del problema provocado por la eliminación del AFI vía Ley de Presupuestos, el gobierno deberá enviar un proyecto de ley que reintroduzca recursos para que sean distribuidos de la manera que usualmente lo hacía el AFI, y si se persiste en la errónea idea de eliminar esta asignación, dicho proyecto deberá contemplarlo explícitamente. Según ha trascendido, el proyecto de ley además incluiría otros fondos concursables, de modo de compensar los recursos que no se entregaron a través del AFI y que golpearon a las finanzas de las universidades, especialmente aquellas que históricamente habían recibido montos importantes por esta vía.
Las medidas antes mencionadas servirán para detener la demanda de la UC, pero no para abordar el problema de fondo -existente hace años-, pero hoy exacerbado por las restricciones de la gratuidad, sobre un sistema de financiamiento tal que logre incentivar la excelencia en la docencia y la creación de bienes públicos de manera competitiva, abierta, no discriminatoria y transparente entre las instituciones de educación superior y los alumnos que asisten a ellas.