MIENTRAS SE encontraban realizando labores para combatir un incendio en un predio de Forestal Mininco ubicado en la localidad de Collipulli (Región de La Araucanía), un equipo de brigadistas y el helicóptero que los trasladaba fueron atacados con armas de fuego por desconocidos la noche del domingo, agresión que dejó a tres operarios heridos, dos de ellos graves. Según información preliminar de Carabineros, el hecho de violencia habría sido protagonizado por cerca de siete u ocho sujetos encapuchados, quienes efectuaron los disparos contra la aeronave cuando ésta se aprestaba a aterrizar en el fundo de la empresa.
Este nuevo ataque confirma, una vez más, la existencia de un escenario de violencia que se sigue registrando en esa zona del país, el que no ha podido ser controlado pese al despliegue policial que se ha destinado para esos fines y a las medidas que ha venido implementando el gobierno en el último tiempo. Como en incidentes anteriores de similar naturaleza, los agresores huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta ahora sean ubicados. En este sentido, son inquietantes los escasos resultados que entregan las investigaciones destinadas a encontrar a los autores de estas agresiones, pues impiden que los responsables sean puestos a disposición de la justicia y dificultan la tarea de desbaratar a los grupos que están detrás de esas acciones. Sin ir más lejos, en el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido a comienzos de enero, hay sólo un detenido -fue arrestado al ser herido por una de las víctimas- que se ha negado a declarar.
El anuncio del gobierno de que se querellará invocando la Ley Antiterrorista en el ataque a los brigadistas es una positiva señal, pero que tendrá nulo efecto si es que no se logra la detención de los implicados. Es en este objetivo donde se debiesen concentrar los mayores esfuerzos.