Dando un giro en lo que fue su estrategia de campaña en primera vuelta, el ex Presidente Sebastián Piñera anunció que avanzará en gratuidad de educación superior. Dicho anuncio buscó sumar al senador Manuel José Ossandón a la campaña con miras al balotaje, que ante lo que se prevé como una estrecha definición, atraer nuevos votantes aparece como prioritario. Sin embargo, para lograr dicho objetivo se cambió de posición respecto a un tema que ha sido central para la oposición durante este gobierno.
El comando y los partidos que apoyan al ex Presidente han aclarado que la gratuidad abarcaría a todos los estudiantes que asistan a la educación superior técnica, salvo los pertenecientes al 10% más rico de la población. La cobertura del beneficio se iría incrementando de acuerdo con las condiciones económicas del país. Lamentablemente, en el sitio web del candidato no existe información más específica respeto de esta propuesta.
Es un hecho que tras los resultados de primera vuelta, ha emergido con más nitidez un sector de la sociedad que demanda cambios más radicales y que sintoniza con un sistema basado en derechos sociales garantizados por el Estado. Siendo legítimo que un candidato busque incluir a ese electorado, ello no debe ser a costa de sacrificar las convicciones más profundas, porque con ello se desfigura su propio ideario político y de paso fortalece a sus rivales. Por ello resulta extraño que la centroderecha haya abandonado convicciones que son esenciales en su ideario como la focalización de los recursos públicos y el uso de soluciones privadas a problemas de política pública.
Ello no quiere decir que no se enfrente una dificultad real para miles de familias como es la falta de recursos para acceder a la educación superior. Sin embargo, dicho problema se resuelve entregando liquidez y no gratuidad. Un buen sistema de créditos como el que el mismo ex presidente aprobó en su mandato anterior al introducir pagos contingentes al ingreso al CAE -al que falta perfeccionar otros aspectos como el rol del sector financiero y hacerse cargo de las diferencias entre los aranceles que cubre el Estado y los efectivos que cobran las instituciones- pareciera una solución más adecuada.
Por otro lado, dar a entender que el futuro avance de la propuesta dependerá de los recursos con los que cuenta el Estado asume que no hay problema de justicia en ello. De esta manera, se entregan recursos a quienes son, relativamente, los más privilegiados en lugar de atender miles de otras necesidades mucho más urgentes que tiene la población -salud, delincuencia, menores del Sename- u otras que serían más efectivas para generar mayor igualdad de oportunidades -educación preescolar, básica y alumnos desertores. Aun cuando existan cuantiosos recursos públicos, sería más justo y más eficiente atender prioridades como las mencionadas antes que privilegiar a quienes ya cursaron con éxito su educación escolar, incluso si persiguen carreras técnicas.
Para efectos de la responsabilidad ante sus votantes, sería sano que el comando aclare cuál es el costo de esta ampliación de la gratuidad y de dónde provendrán los recursos para financiar esta medida que no estaba contemplada en los US$ 14.000 millones del programa presentado durante la elección en primera vuelta.