El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha dado a conocer los primeros resultados del Censo 2017, los cuales arrojan una serie de datos interesantes desde el punto de vista de las políticas públicas. Uno de los datos más llamativos es que se confirma el acelerado envejecimiento de la población, fenómeno que hace urgente abordar políticas de más largo plazo.
De acuerdo con los datos oficiales, en el período 1992-2017 las personas de 60 años o más aumentaron 4,8 puntos porcentuales, en tanto que los menores de 15 disminuyeron 9,3 puntos. En la misma línea, si en 1992 por cada 100 personas en edad de trabajar había 10 mayores potencialmente dependientes, en la última medición estos últimos subieron a 17. A nivel general, la tercera edad ya representa el 11,4% de la población, desde el 6,6% de 1992.
Chile no es distinto a la realidad que experimenta el mundo desarrollado, pero quizás se advierte un rezago en cuanto a políticas que aborden esta problemática. Así, los incentivos para aumentar la tasa de natalidad no están presentes en la discusión pública; el debate previsional se ha centrado en el intento por introducir reformas de marcado sesgo ideológico -como "no más AFP"-, sin abordar temas centrales como la necesidad de aumentar el ahorro, sin que ello dependa solo de aportes fiscales; tampoco parecen existir perspectivas de más largo plazo en el ámbito laboral, que introduzca flexibilidades e incentivos para que personas de la tercera edad puedan seguir plenamente activas, ni tampoco abundan planteamientos de cómo diseñar planes de salud enfocados a este segmento.