La encuesta reciente del CEP parece confirmar la pérdida de apoyo de proyectos de refundación del modelo económico y social chileno, y que éste se ha volcado hacia propuestas que permitan al país retomar su camino al desarrollo. Mejores pensiones de vejez, calidad de las prestaciones en educación y salud, eficacia en el combate a la delincuencia, son objetivos de importancia fundamental. Pero parece claro que la población entiende que todos estos bienes se logran en mejor forma con una economía funcionando bien, generando recursos fiscales, empleo y mejores remuneraciones.
Este desafío doble, retomar el crecimiento y atender fuertes demandas sociales, es complejo. Es bien conocido que volver a crecer supone, antes que nada, reformar nuestra legislación laboral, que con indemnizaciones por despido mantiene una gran rigidez y segmentación del mercado laboral y, a través de las nuevas regulaciones a la negociación colectiva, limita gravemente la capacidad de gestión eficiente de las empresas. También es claro que debe revertirse la tendencia, ya de años, al crecimiento del peso del sector público en la economía, que conduce a endeudamiento público y restricciones financieras que se agravan o a impuestos crecientes. Numerosos analistas han postulado que enfrentar estos problemas es urgente, pues un crecimiento potencial tan bajo como el actual frustra muchas expectativas e induce conflictividad política y malas decisiones que, en definitiva, reducirán aún más la capacidad de crecer.
Enfrentadas a esta necesidad de ponderar crecimiento y prestaciones sociales, y dejando de lado aquellas propuestas programáticas derechamente "refundacionales", las que buscan priorizar el crecimiento apuntan al gradualismo en materia de tributos a las empresas, con plazos largos para restablecer incentivos adecuados para una economía pujante. Esto parece ignorar que menores impuestos a las empresas (sobre sus nuevas inversiones) redistribuyen ingresos en favor de los trabajadores. Esta aparente paradoja ha sido por décadas una conclusión fundamental de la ciencia económica, donde se postula que en una economía como la nuestra, expuesta a movilidad de capitales, el alza de impuestos a las empresas disminuye la inversión y eso hace caer los salarios de equilibrio. Con ocasión de la discusión de la Reforma Tributaria reciente, en estas mismas páginas se advertía sobre este efecto. Hoy, en Estados Unidos, los más destacados economistas están insistiendo en que la caída en remuneraciones de los trabajadores, tras un alza de impuestos a las empresas, es superior al aumento de recaudación que genera ese impuesto.
Si los trabajadores pagan la mayor recaudación que genera un alza de impuestos a las empresas, esta forma de financiamiento fiscal no solo detiene el crecimiento, sino que también deteriora la distribución de ingresos. Al revés, una pérdida de recaudación fiscal por reducir los impuestos a la inversión no solo moviliza la economía, sino que redistribuye en favor de trabajadores. Algo que, mirando el efecto político de corto plazo de las medidas que se adoptan, debería ponerse en la ecuación antes de resolver cuán gradual debe ser la recuperación de la economía chilena.