El ministro de Justicia, en entrevista con este medio, formuló un descarnado diagnóstico en cuanto a la política de protección de la infancia en nuestro país: "Está colapsada, fracasó. Así de duro es el juicio. No podemos seguir con la actual institucionalidad". La autoridad apoyó sus afirmaciones en dos hechos: el 50% de las personas que hoy están recluidas en recintos penitenciarios alguna vez pasaron por un recinto del Sename -"eso demuestra que la reinserción social de los menores no existe", señaló-; en tanto, el presupuesto de la institución ha aumento 40% en los últimos cinco años, "pero no hemos visto el resultado; por tanto, no es solo un problema de recursos".
Los dichos del ministro de Justicia ayudan a poner en perspectiva la grave situación por la que atraviesan los menores vulnerados, el fracaso de la política estatal para ir en ayuda de ellos -responsabilidad que recae en distintos gobiernos- y la imperiosa necesidad de relevar esta cruel realidad desde el punto de vista de las políticas públicas.
Parece evidente que si en la última década cientos de menores han fallecido en hogares dependientes del Sename -al punto que el Ministerio Público abrió una investigación penal-; si dos informes de la Corte Suprema y dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados han coincidido en los graves problemas de hacinamiento en que viven muchos menores, como asimismo en la falta de personal idóneo y reiteradas situaciones de maltrato al interior de los hogares, es evidente que la institucionalidad a cargo de la protección de menores ha sido desbordada.
El Ministerio de Justicia ha hecho ver que en el contexto de la política nacional de niñez y adolescencia 2015-2025, se ha impulsado una nutrida agenda legislativa consistente en ocho proyectos de ley, entre los cuales se cuenta la creación de una subsecretaría y una defensoría de la niñez; un nuevo sistema de garantía de los derechos de la niñez; nuevo servicio nacional de reinserción social y servicio nacional de protección de niñas y niños, además de una reforma al sistema de adopciones y aumento de sanciones en lesiones a infantes.
Aun cuando la división del Sename en dos estamentos especializados es un paso en la dirección correcta -ello ya había sido planteado por la administración pasada, por lo que extraña el retraso en su implementación-, la creación de una subsecretaría y la defensoría probablemente añadirá nueva burocracia, consumiendo recursos valiosos. El actual gobierno creó el Consejo Nacional de la Infancia, el cual ha sido especialmente activo en impulsar una agenda de marcado sesgo ideológico, pero de escasos resultados para enfrentar la crisis del Sename y hacer ver las responsabilidades del propio Estado. Ante el diagnóstico de "fracaso" institucional al que ha aludido el ministro de Justicia, cabría examinar la pertinencia de este organismo.
Siendo necesaria una nueva institucionalidad, es indispensable que ésta -y los recursos fiscales- apunten a hacerse cargo urgentemente de los graves problemas estructurales. El maltrato infantil -70% de los menores en el país declara haber sido objeto de violencia psicológica, y un 25% de sufrir violencia física severa- junto con los problemas de reinserción y las graves deficiencias de las instalaciones del Sename son aspectos medulares que no se ven bien recogidos en la batería de proyectos que el gobierno ha presentado al Congreso.