LA DECISIÓN del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir al director del FBI James Comey desató una verdadera tormenta en Washington, con consecuencias aún imprevisibles. No solo diversos analistas políticos estadounidenses han sacado a relucir el fantasma de Watergate, el escándalo que terminó con la presidencia de Richard Nixon, sino incluso el senador y ex candidato presidencial republicano John McCain hizo referencia a ese tema al asegurar que el caso "está alcanzando las dimensiones de Watergate y no es bueno". Sostener, sin embargo, que lo sucedido tras la remoción de Comey desencadene un juicio político contra el mandatario y abra la puerta a su eventual destitución es aún prematuro, pero pocos dudan que el actual escándalo es el más complejo que ha enfrentado en menos de cinco meses en la Casa Blanca.

Si bien Trump removió a Comey haciendo uso de las facultades que le otorga el cargo y en ese proceso no violó ninguna ley federal, el hecho de que el ex director del FBI estuviera a cargo de la investigación por la eventual influencia de Rusia en la campaña electoral de Estados Unidos planteó legítimas interrogantes sobre los verdaderos motivos que llevaron al presidente a tomar la decisión. Si bien la Casa Blanca dijo inicialmente que fue el manejo de Comey de la investigación sobre los email de Hillary Clinton lo que gatilló su despido, la posterior revelación del ex director del FBI de un diálogo a solas con Trump en febrero, donde éste último le expresó su "esperanza" de que "abandonara" el caso de Michael Flynn, junto con la trama rusa instalaron legítimas sospechas sobre un eventual intento del mandatario por obstruir una investigación federal, lo que sí es un delito.

El hecho pone a Trump en un complejo escenario tanto legal como político. Primero porque, según la legislación estadounidense, las notas tomadas por un agente federal son aceptadas como prueba y podrían ser motivo de una acusación formal contra el mandatario, aunque para condenarlo es necesario probar que hubo una intencionalidad abierta de parte de Trump por obstruir o bloquear directamente las pesquisas, lo que resulta más difícil. Por ello, ese camino recién comienza y es difícil saber si prosperará. Está ahora en manos del fiscal especial designado por el Departamento de Justicia llevar adelante la investigación y determinar el rumbo que tomará el caso y las eventuales responsabilidades. Por ello, a corto plazo, el escenario más complejo para Trump no es legal sino político, en especial si comienza a perder apoyo entre los republicanos.

El factor ruso ha tensionado la relación con sectores de su partido desde la campaña. Por ello, las revelaciones de Comey y la confirmación de que el mandatario le dio información clasificada al canciller ruso han ahondado la desconfianza en los republicanos tanto como la de la comunidad de inteligencia hacia Trump. Y si el mandatario pierde apoyo en su partido sus márgenes de maniobra serán cada vez más limitados y las posibilidades de un juicio político crecen. Actualmente los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras y es difícil que den sus votos para un proceso de impeachment a esta altura del gobierno. Pero en la medida que las actuaciones del mandatario planteen más costos que beneficios para el partido de cara a las elecciones de medio término del próximo año, el panorama podría cambiar. Es ese escenario el que más debe preocupar a Trump.