“El proyecto de educación superior, lejos de establecer controles de los recursos públicos, lo que hace es quitarlos”. Esa es la crítica que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, a la reforma de educación superior, ayer en un seminario realizado en la U. de Santiago.
En la instancia, Bermúdez remarcó que el plan de la Contraloría es cuidar el buen uso de los recursos públicos y que, por ello, hay que conocer cómo se gastan estos fondos en las universidades estatales.
Según el contralor, el financiamiento fiscal a la educación superior este año es de US$ 2.500 millones y, de esa cifra, sólo un porcentaje va a las instituciones del Estado, ya que “la mayor parte va a otras instituciones que hasta ahora se entienden como privadas”, dijo Bermúdez. Por esto, remarcó, “como Contraloría estamos convencidos de que donde está la plata tiene que estar la revisión y la rendición de cuentas, independientemente de la forma jurídica”, dijo.
Este año, producto de la implementación de la gratuidad, “la universidad que más recursos públicos recibió no fue estatal, ni siquiera una del Consejo de Rectores (Cruch). Ante esto, la pregunta que uno se hace es ¿puede ser que esa plata no tenga ningún control, que se entregue como una especie de cheque en blanco? La respuesta es no”.
Fiscalización
Una de las instituciones privadas que este año adscribieron a la gratuidad es la U. Católica Silva Henríquez. Y de acuerdo a su vicerrector, Manuel Pérez, no hay problemas en que Contraloría fiscalice cómo se gastan los recursos entregados por el Estado.
En ese sentido, Pérez sostuvo que cuando se reciben fondos públicos, la fiscalización por parte de la Contraloría “ayuda a la transparencia de los procesos y a disipar cualquier duda frente a posibilidades de lucro”.
En la U. Alberto Hurtado, plantel que también adscribió a la gratuidad, creen que es necesario que haya fiscalización por parte de la Contraloría. En esa línea, Ricardo Carbone, director de Aprendizaje Institucional, sostuvo que es fundamental que los organismos que correspondan, ya sea Contraloría o la superintendencia, en el futuro tengan la capacidad para supervisar.
Por otro lado, el rector de la U. Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán, dijo que efectivamente debe haber un proceso de fiscalización y de rendición de cuentas.
Sin embargo, sostuvo que se debe mantener la autonomía de las instituciones. En ese sentido, dijo que “no debe haber un exceso en el control. Ahora, muchas de las decisiones de una universidad pasan a las manos de los agentes fiscalizadores. La Contraloría se está volviendo como un cuarto poder del Estado en este contexto, por lo que se vuelve complejo trabajar de esa manera”.
Por esto, para Durán, lo principal es que “el poder que caiga sobre la Contraloría no sea absoluto, si es así, a la larga impedirá el desarrollo autónomo de las instituciones”.
Es esa línea, el rector remarcó que “hay que rendir las cuentas, mostrar en qué se están gastando los recursos, todos los planteles estamos dispuestos. Pero otra cosa es que nos limiten el trabajo”.
Sobre esto, Carbone agregó que Contraloría debe supervisar y sancionar las prácticas no permitidas, respetando la autonomía. “El desafío que la reforma tiene enfrente y que como sistema tenemos es compatibilizar la transparencia con la autonomía”, finalizó Carbone.