Luego del impacto que produjo el rechazo por parte del Comité de Ministros al proyecto Dominga -que terminó con la salida del gabinete del equipo económico en pleno-, parecía que, al menos en el ámbito político, la administración Bachelet daba por cerrado este episodio.
Sin embargo, el recién designado ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, volvió a mover las aguas. En declaraciones a distintos medios, explicó que el proyecto aún era viable y que los recursos mineros debían aprovecharse. Estas declaraciones tuvieron rápidamente eco en La Moneda, y tanto la vocera de gobierno como el ministro de Medioambiente insistieron en que para la autoridad el proyecto no es viable y que de parte del Ejecutivo el tema está cerrado.
Involucrar a las más altas autoridades del país busca que, ante proyectos con impactos locales, exista una mirada más global que incluya en el análisis no solo los inevitables impactos que significa el desarrollo -visión que legítimamente realzan las autoridades locales-, sino que también los beneficios para el país en su conjunto, observando el cumplimiento de la normativa vigente.
Lamentablemente éste no ha sido el espíritu con que ha trabajado el Comité de Ministros en los últimos años. Pareciera ser que sus decisiones se mueven por temas políticos menores que carecen de un necesario estudio entre costos y beneficios para compatibilizar crecimiento económico y el resguardo del medioambiente, tal como lo acaba de dejar en evidencia Dominga.