CIFRAS DEL Ministerio de Educación dadas a conocer por este medio muestran que las tasas de deserción en educación superior alcanzan un 30% en primer año, aunque ésta baja a 17% una vez que se considera a aquellos alumnos que luego reingresan al sistema de educación superior en años posteriores. Estas cifras se han mantenido relativamente constantes en los últimos años. Ello es una buena noticia, considerando que el importante incremento en la matrícula de la educación superior se ha dado fundamentalmente por el ingreso de alumnos de menores niveles socioeconómicos, quienes son más propensos a desertar tal como lo muestran los datos de instituciones menos selectivas.
Si se compara a nivel internacional, los datos para Chile no son muy diferentes al promedio que presentan la OCDE, reconociendo que entre los países miembros existe una alta dispersión en los resultados. Sin embargo, existe el riesgo de que medidas promovidas por la reforma a la educación superior en curso, como la gratuidad o una restricción al sistema de créditos, puedan elevar estos índices, lo que es contradictorio con el objetivo de favorecer la retención de los estudiantes.
La deserción es un fenómeno multidimensional que se explica por variadas razones: económicas (falta de apoyo para cursar estudios o producto del costo que significa dejar de recibir un salario), vocacionales, deficiente preparación académica, problemas de salud, maternidad, entre otras. Dejar los estudios significa un costo económico para las familias y el Estado; además, es una posible fuente de frustración para los alumnos. Sin embargo, dadas las diferentes razones que explican la decisión de abandonar temporal o definitivamente los estudios, la respuesta a este fenómeno no puede ser única. Si el motivo fueran las dificultades económicas, las becas y créditos serían suficientes para eliminar la deserción; sin embargo, ésta se ha mantenido estable a pesar del significativo incremento en las ayudas estudiantiles. Ello es un indicio de que la gratuidad no generará mayores cambios en este indicador y, por el contrario, podría verse incrementado; en efecto, estudios para nuestro país muestran que, controlando por otras variables que inciden en la decisión de abandonar los estudios, las tasas de retención son menores entre los beneficiarios de becas -un esquema más cercano a la gratuidad- que aquellos que reciben ayudas estudiantiles en forma de créditos.
El gobierno, previendo estos incentivos perversos que puede generar la gratuidad, decidió colocar ciertas restricciones. El proyecto de ley permite que los alumnos se cambien una vez de carrera, pero no financia más allá del tiempo nominal de duración de ésta, debiendo los estudiantes pagar hasta la mitad del arancel en su primer año adicional de estudios y hasta el total del arancel a partir del segundo año por sobre la duración de la carrera. En ambos casos -además de aquellos no elegibles para la gratuidad-, la flexibilidad que entrega un sistema de créditos es fundamental, por lo que no se entiende que ciertos sectores insistan en eliminarlos.
En el caso de quienes desertan por motivos no económicos, las políticas a aplicar son más complejas e incluyen desde repensar un sistema de educación superior que obliga a decidir a corta edad y sin posibilidad de experimentar mayormente otras opciones de carreras, hasta programas de acompañamiento. La deserción demuestra la complejidad de las materias en discusión, que no deben ser simplificadas con medidas que pueden generar efectos no bien calibrados.