La aprobación del proyecto de Nueva Educación Pública en la Comisión de Educación del Senado ratificó una serie de cambios en el plan que impulsa el gobierno para traspasar la administración de los colegios municipales a una nueva estructura estatal, compuesta por un total de 70 servicios locales de educación.

Una de las modificaciones más polémicas es aquella que permite a las comunas con mejores resultados, según cuatro parámetros académicos y administrativos, postergar su ingreso a la nueva educación pública para ser los últimos en sumarse al proceso.

Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), el 12% de los 344 municipios del país cumplirían hoy con los parámetros exigidos tanto en materia de desempeño académico (que el 60% de sus colegios pertenezcan a los dos primeros niveles de calidad), retención de matrícula (que se ubiquen dentro del 30% de comunas con mayor retención del país), inexistencia de deudas previsionales en los últimos 24 meses y que las deudas por servicios educacionales no superen el 5% del presupuesto del área (ver detalle).

Con todo, la cifra del Mineduc apuntaría a cerca de 40 municipalidades a lo largo del país y en las cuales, según precisan desde la cartera, la presencia de alumnos en colegios públicos alcanzaría en promedio a un 10% del total de sus matrículas.

Si bien oficialmente no se ha individualizado a las comunas que podrían contar con esta prerrogativa, hay ediles que desde ya se incluyen en esta lista y adelantan que de ser confirmados optarán por postergar su ingreso a la nueva educación pública.

Uno de ellos es el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, quien se declara defensor de l modelo municipal. "El sistema debe seguir siendo administrado por los municipios, pero con mejoras. Nos parece bien el postergar esto para más adelante. Se requieren mejoras desde el punto de vista del financiamiento, de flexibilizar el estatuto docente, pero dentro del ámbito de la municipalidad y no del ministerio", dice.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), "sé que hay algunos alcaldes, principalmente de Chile Vamos, que están dispuestos a tener doble administración (por un lado agencias locales y por otro administración municipal), pero hay que recordar que la AChM tiene un acuerdo de apoyar la desmunicipalización. Yo, como alcalde de la municipalidad de La Granja, estoy dispuesto a que el Estado asuma la total administración de los colegios".

José Palma, director de educación de Providencia, plantea que "los cambios introducidos buscan que aquellas comunas que tienen una buena educación no se desmunicipalicen. Eso es una demostración de que el gobierno no cree en su propio proyecto".

Providencia cuenta con 11.300 alumnos en colegios públicos y según Palma anualmente la municipalidad inyecta $ 4.500 millones a su educación. "El 25% del presupuesto de lo que gastamos en educación pública viene de la municipalidad. El 20% del sueldo de los profesores también. Eso se perdería", agrega Palma.

Vitacura sería otra de las municipalidades que según su alcalde figuraría dentro del 12% que podría postergar su ingreso a la desmunicipalización. De los 28 mil alumnos que estudian en esa comuna, unos 4.200 lo hacen en colegios públicos, casi un 20%. "Nada nos gustaría más que estar dentro del porcentaje de los que postergan la desmunicipalización, no queremos estar fuera de la educación y queremos seguir teniendo educación municipalizada. Estamos preparados para hacer esfuerzos, en contenidos como en infraestructura y apoyo a los profesores para seguir aportando", explicó Raúl Torrealba.