EN MENOS de una semana, la Corte de Apelaciones acogió sendas órdenes de no innovar provocando la paralización del proceso de licitación de los casinos municipales de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas, en una primera acción, y luego Arica, Pucón y Puerto Natales, más recientemente. Esta decisión puso en jaque el proceso que ha impulsado la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), mientras se resuelve el fondo de los respectivos recursos de protección.
Las acciones legales han sido presentadas por operadores interesados en participar en el proceso de licitación, cuyo reclamo es que la autoridad administrativa fijó condiciones extremas que hacen inviable la participación de actores relevantes en las postulaciones. Por ejemplo, las cifras mínimas garantizadas son consideradas excesivamente altas; asimismo, acusan falta de información por parte de la Superintendencia y exigencias que excederían las facultades y condiciones estipuladas por ley.
Como la recepción de ofertas estaba fijada para el 4 de noviembre, de no mediar un recurso de reposición por parte de la SCJ, el proceso podría verse completamente detenido. Más aún, como los actuales contratos de operación vencen a fines de 2017, de mantenerse impregnado el proceso la SCJ podría estar en dificultades para garantizar el normal funcionamiento de estos casinos.
Más allá de las situaciones puntuales, el hecho de que la justicia declarara admisible las órdenes de no innovar y que diversos actores aparezcan cuestionando el proceso de licitación es suficiente para que la Superintendencia revise los cuestionamientos y corrija cualquier situación anómala que detecte. Lo que no resulta comprensible es que la SCJ siga aparentemente impertérrita, desoyendo las críticas y exponiendo a todo el proceso de licitación a un estruendoso fracaso o, cuando menos, a un avance bajo severos cuestionamientos de ilegalidad.