Un informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas fue el tema central de una reunión entre las autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional y el Ministerio de Justicia, ocurrida el miércoles. Este análisis contenía una crítica evaluación a los 10 años de funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, entre la cual está el aumento de las prisiones preventivas y el real uso de los acuerdos y salidas alternativas determinados por el Ministerio Público. Jaime Arellano, director de la entidad en la que participan los países miembros de la Organización de Estados Americanos, explica los resultados.
¿Cómo ha funcionado el sistema?
En promedio estamos con ingreso de 1.300.000 causas en redondo y el sistema es capaz de manejar esa carga de trabajo. También hay cosas que se instalaron de manera inadecuada. (...) No siempre se están usando, por ejemplo, las suspensiones condicionales del procedimiento o los acuerdos reparatorios de la mejor manera, y lo que nos gustaría es que los acuerdos reparatorios, que por ejemplo son mecanismos destinados a una justicia de carácter más restaurativo, fueran utilizados correctamente. Lamentablemente, en otros casos, lo que se constata es que estos sistemas son utilizados para aliviar la carga de trabajo, pero no necesariamente para solucionar el conflicto más adecuado.
¿Cómo ve el rol de la policía?
Uno de los problemas es que no se está evaluando la calidad de la investigación policial, y los resultados que esta produce. El decir cuántas personas fueron detenidas no es una estadística relevante para un sistema de justicia, excepto que te dice que hubo gente privada de libertad. Lo que uno necesita saber es de esa gente, cuánta fue llevada a salida de un proceso y cuántas de las que quedaron en prisión preventiva fueron condenadas. El Ministerio Público dirige la investigación, puede tener una teoría de lo que hay que hacer, pero si las policías no son capaces de levantar evidencias en el sitio del suceso que sirvan para construir un caso y llevarlo a juicio, no hay nada que hacer. Nos parece que las cifras son demasiado bajas para estar satisfechos con eso. Por eso es que decimos que hace falta información sobre la calidad investigativa de las policías.
¿Estiman que las investigaciones policiales hoy son débiles?
Los resultados lo indican. Cuando tienes un resultado tan bajo en los casos de autor desconocido, insisto, sabemos que son los casos más difíciles de investigar y en otros países los resultados también son bajos en comparación a los flagrancia. Sin embargo, el porcentaje que es llevado a juicio es tan bajo que indica que ahí hay un problema de capacidad. Además, a la fiscalía le falta una estructura que permita hacer un análisis criminal de calidad y una persecución penal estratégica.
¿Qué le parecen los cambios legales durante este período?
El tema de cómo se tomaron las decisiones legislativas en este período es preocupante. La agenda corta, que no analizamos en el estudio pero uno lo constata, afecta directamente el sistema. (...) se tomaron decisiones que disminuyeron las garantías de los ciudadanos, facilitando entender cuando hay flagrancia, facilitando los casos de control de identidad y detención, y sin embargo no hay una demostración fehaciente de que eso haya disminuido la incidencia de comisión de delitos. Eso es un problema importante.
¿Qué otros efectos tiene?
Las agendas cortas les han ido achicando el espacio a los jueces para tomar decisiones razonables. Si eso respondiera a un resultado de que efectivamente mejora la seguridad, el problema es que no hay prueba técnica que demuestre eso. Y la prueba está en que un porcentaje importante de quienes están en prisión preventiva luego no son condenados a penas privativas de libertad.
¿Qué se encontraron al analizar el uso de la prisión preventiva?
Esta medida, que había disminuido desde la instalación del sistema, ha ido aumentando progresivamente. El año pasado ya se llegó a 35% de la población penal en prisión preventiva. Una parte importante de la causa de esto, nos dicen los especialistas, tiene que ver con las modificaciones legales y una falta de ejercer el rol que corresponde a unos y otros.
¿Qué le indicaron los entrevistados?
Por ejemplo, algunos jueces dicen que los defensores no están haciendo su trabajo de cuestionar la prisión preventiva o la legalidad de la detención (...) En las entrevistas con los magistrados, además, todos reconocen que hay una presión frente a determinados casos para imponer la prisión preventiva porque el inconsciente colectivo tiende a mirar esta cautelar como un adelantamiento de la pena y al que está sospechado de cometer un delito como un responsable, sin que se haya declarado eso. Entonces, toda la idea de instalar de verdad la presunción de inocencia y un debido proceso se empiezan a debilitar cuando se instala eso.