Señor director:
Con sorpresa hemos visto que esta semana se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados una indicación a la reforma en educación superior respecto de la ampliación del Consejo de Rectores (Cruch). Dada su naturaleza, este organismo conformado por 27 planteles -18 estatales y 9 privados tradicionales-, ha incentivado la generación de políticas públicas a favor de sus integrantes, dejando al resto de las universidades que educan a la mayoría de los universitarios fuera de la toma de decisiones.
Ya en 2009 el Banco Mundial y la OCDE hicieron serios reparos a este organismo, señalando que "la división entre instituciones incluidas o no en el Consejo de Rectores pertenece al pasado y necesita ser superada". Considero que desde que se creó han sido varias las discriminaciones hacia el resto de las instituciones que no son parte del Cruch. La última fue la incorporación por secretaría de las dos nuevas universidades, O'Higgins y Aysén, que no habían educado a nadie y cuyo único mérito era su carácter estatal.
Con desazón vemos que esta indicación profundiza aún más la discriminación, ya que pone una serie de requisitos que van más allá de la calidad académica de los planteles como instancia previa de ingreso, y que incluso algunos de sus miembros actuales no satisfacen. Es de esperar que los parlamentarios evalúen nuevamente esta iniciativa, ya que no podemos seguir haciendo políticas públicas con este grado de discriminación, y menos mantener un sistema que a la vista de los expertos internacionales es retrógrado en su lógica más profunda.
José Rodríguez Pérez
Rector Universidad Andrés Bello