TRAS el rechazo transversal al proyecto de reforma a la educación superior, el gobierno decidió enviar indicaciones con el fin de evitar que este fuese rechazado en su primer trámite. La discusión al interior del Consejo de Rectores (Cruch) terminó por dividir a las universidades estatales y las privadas que componen dicho grupo debido al trato preferente que buscan las primeras.
Por otro lado, Vertebral, organización que reúne a los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) acreditados, también ha sufrido fricciones. DUOC UC decidió congelar su participación en la asociación por diferencias con sus socios respecto a la glosa presupuestaria a través de la que se implementará la gratuidad y el proyecto de ley para aquellas instituciones que actualmente persiguen fines de lucro -lo que, en estos casos, sí está permitido por ley- se transformen en instituciones no lucrativas.
Llama la atención la impericia del Ministerio de Educación para liderar el debate, en particular cuando estas diferencias de opinión eran previsibles. En el caso de los CFT e IP, a pesar de la antojadiza insistencia del Ministerio para que estos se transformaran en instituciones sin fines de lucro, ha transcurrido más de un año sin que se avance en una ley que facilite adecuadamente dicha transición. Por su parte, entre las instituciones del Cruch se sigue buscando privilegiar a las instituciones estatales aun cuando entre ellas existen entidades nuevas que ni siquiera han comenzado a impartir clases (universidades de O'Higgins y Aysén).
Así, parece difícil que se logren acuerdos que vayan en beneficio de los estudiantes y que apunten a generar más y mejor investigación e innovación para el país. Por el contrario, se corre el riesgo de terminar beneficiando a los grupos que sean capaces de ejercer mayor presión.