Todo parece indicar que ya es una decisión tomada. El mayor proyecto de hidroelectricidad que se haya propuesto para el país en los últimos años, HidroAysén, será descartado por sus dueños -Enel y Colbún-, devolviendo al Estado los derechos de agua asociados.
La celebración que despertó este hecho en las organizaciones ambientalistas impiden apreciar las lecciones de fondo que debe dejar este intento fallido, por sus negativas implicancias para el país. En primer lugar, el descarte del proyecto revela la incerteza jurídica a la que se ven sometidas las iniciativas de gran envergadura, donde parece evidente que ya no basta con tener un permiso ambiental aprobado. El término anticipado del proyecto HidroAysén refleja la incapacidad que ha mostrado nuestra institucionalidad para compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, lo que se inserta en un contexto de cuatro años consecutivos de caída en la inversión.
Lo paradójico en este caso es que la central eléctrica proyectada aportaría energía limpia y renovable al sistema, algo especialmente valioso cuando el cambio climático ha pasado a ser una de las principales preocupaciones globales. Mientras otros países desarrollados -como Nueva Zelanda- destacan el aporte que hacen a su matriz energética las centrales hidroeléctricas, enfatizando su carácter renovable y amigable con el medio ambiente, en Chile no parece existir igual reconocimiento.
Los cuestionamientos a la línea de transmisión, cuyos principales argumentos fueron de orden estético, no han estado presentes al momento de permitir la proliferación de centrales minihidro, que multiplicarán el cableado de manera inorgánica y cuyos impactos consolidados a nivel paisajístico son mucho mayores.
Los efectos económicos de la paralización de proyectos debido a engañosos cuestionamientos ambientales van más allá de los que afectan directamente a los socios principales. La menor inversión concentra la oferta, genera precios menos competitivos, desalienta la entrada de nuevos actores -tanto nacionales como extranjeros-, pero además termina afectando indirectamente a la mayoría de los chilenos los que, a través de los fondos de pensiones, son socios minoritarios de buena parte de los proyectos paralizados.
Será difícil encontrar, por ejemplo, inversionistas que quieran aprovechar el potencial hídrico de la región de Aysén, luego de la travesía que debieron enfrentar sus antecesores. Además, los nuevos proyectos mineros deberán contar con una doble evaluación para garantizar su viabilidad: acceso a energía constante y a precios competitivos y una escasa certeza jurídica.
La caída de HidroAysén pone una cuota de riesgo a ambas premisas básicas del proceso de inversión productiva.
La esperanza depositada en los futuros proyectos de energías renovables no convencionales, que han ganado masivamente las últimas licitaciones de suministro eléctrico a precios muy competitivos, está condicionada al avance efectivo de las iniciativas y a su futura rentabilidad. Sería lamentable que, en caso de haberse producido una burbuja energética, termine reventando sin proyectos de energía de base en el horizonte.