EL EXPERIMENTO de privatización de la seguridad social en Chile, iniciado a principios de la década de 1980, enfrenta una crisis múltiple de bajas pensiones, serios desbalances entre sub-sistemas  y creciente deslegitimación social. La pensión promedio actual de la población civil es cercana a 200 mil pesos al mes (equivalente cerca de 300 dólares en un país con un ingreso por habitante mensual de dos mil dólares). El 75 por ciento de los afiliados reciben pensiones inferiores al salario mínimo, aun considerando el aporte del pilar solidario. El sistema actual de pensiones  no satisface criterios internacionalmente aceptados sobre sistemas de seguridad social que recomiendan solidaridad intergeneracional, cobertura universal, homogeneidad de beneficios entre sub-sistemas (las pensiones de las Cajas de la Defensa Nacional son en promedio tres veces superiores que las pensiones de la población civil), aporte tripartito a las pensiones, (en Chile el sector de empleadores no contribuyen desde 1981 a las pensiones de sus trabajadores). No hay tampoco criterios de inversión socialmente responsable de los fondos de pensiones de los trabajadores, los que carecen de injerencia en el manejo de sus fondos que, por ley, deben entregar a un reducido número de corporaciones privadas con fines de lucro. Este cúmulo de problemas de carácter estructural difícilmente se pueden superar con cambios parciales o "paramétricos" aunque se pueden hacer algunas modificaciones en el corto plazo para atacar los problemas más urgentes. Las recientes manifestaciones ciudadanas indican que la gente demanda un sistema que asegure pensiones dignas y solidarias al tiempo que rechaza un mecanismo financiero que es visualizado como fuente de alta riqueza para unos pocos y precariedad económica para muchos.

¿Qué hacer? El tema es complejo pero la experiencia internacional puede ser una guía útil al respecto. Según las clasificaciones de sistemas de pensiones en el mundo del Banco Mundial y la OCDE, al menos 80 por ciento de los países tienen sistemas de pensiones con una sólida presencia del Estado, generalmente basados en sistemas de reparto en que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los retirados en una lógica de solidaridad intergeneracional.

Es interesante constatar que las principales economías desarrolladas del mundo como  Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón y otras ante sus desafíos demográficos y fiscales no han abandonado sus sistemas de reparto y se han embarcado en una riesgosa y cara privatización de sus sistemas de seguridad social. Ante el mayor envejecimiento de la población y menores tasas de fecundidad han ajustado sus sistemas de pensiones para acomodar estas tendencias, reforzando su sustentabilidad financiera. En Suecia se introdujeron, en la década de 1990, las llamadas "cuentas nocionales", mientras que Alemania, Estados Unidos y varios más se usan sistemas de puntos que recogen la historia de contribuciones de las personas. Varios países han reforzado, además, sus fondos de reserva. Por otra parte, en años recientes varios países cómo Hungria, Polonia, Latvia, Argentina, Bolivia y otros han abandonado la privatización de sus sistemas de pensiones retornando a esquemas probados de seguridad social.

Chile debe rectificar el rumbo y aprender de la experiencia internacional y propia en sistemas de pensiones. Una combinación pragmática que funciona en muchas partes es un sistema modernizado de reparto que cumple los principios universalmente aceptados de un sistema de seguridad social, complementado con un esquema de capitalización individual para personas de mayores rentas e inserción laboral estable, gestionado en forma competitiva y con participación de organizaciones sin fines de lucro, bajo una activa regulación pública.