En medio de la controversia por los cambios de domicilio electoral que afectaron a casi 500 mil personas de cara a las elecciones municipales, el gobierno solicitó a la Contraloría que encabece un sumario al interior del Registro Civil para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.
Tras la presión de la oposición por buscar responsabilidades, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, manifestó que "el día viernes el Ministerio de Justicia envió un oficio al Contralor General de la República solicitándole que pueda llevar a cabo un informe de auditoria especial respecto de los procesos que en el Registro Civil pudiesen haber estado con alguna dificultad respecto de este procedimiento".
"En segundo lugar hemos tomado la decisión como gobierno de solicitarle al contralor en el día de hoy que sea esa institución autónoma la que lleve a cabo el sumario administrativo en el Registro Civil para efectos de determinar lo que ahí ocurrió, los eventuales errores, y a partir de ahí las medidas que hay que adoptar", afirmó Díaz.
"Nos parece que le da garantías a todos que sea la Contraloría quien lleve a cabo este sumario y no el propio Ministerio de Justicia o el Registro Civil", añadió el portavoz de La Moneda.
En esta línea, enfatizó que "nosotros somos los principales y primeros interesados que haya una investigación que esclarezca absolutamente lo que aquí ocurrió, que se establezcan los hechos, las responsabilidades y a partir de ahí las decisiones que corresponda adoptar. Tenemos el mayor interés, nosotros no queremos que esta situación quede impune".
Finalmente, Díaz aseguró que "lo vamos a investigar todo, desde el 2012 hasta la fecha para que se sepa exactamente qué pasó y por qué pasó".
Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy indicó que "cualquier persona que tenga alguna duda sobre el procedimiento de las instituciones públicas debe ocupar la institucionalidad del país para que hagan las investigaciones y se establezcan las responsabilidades que correspondan".
Asimismo, la autoridad agregó que "lo que importa hoy día no es establecer quienes son más o menos culpables, lo que importa es que podamos restituir el derecho que tiene un ciudadano, que aparentemente fue mal inscrito, para emitir su voto".