A LA reciente creación de los ministerios del Medioambiente, del Deporte y de la Mujer y la Equidad de Género, se suman las propuestas que se discuten en el Congreso para crear los ministerios de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, junto con el de Ciencia y Tecnología. Así las cosas, ante cada nuevo tema que emerge en la agenda, la solución parece ser crear un nuevo organismo estatal, sin mayor análisis respecto de la real eficacia de crear este tipo de institucionalidad. Tanto la cultura como la ciencia son ámbitos fundamentales para el desarrollo y bienestar de las sociedades, y al Estado le cabe un rol relevante en promoverlas, pero para ello existen instrumentos más eficientes que un ministerio, como por ejemplo agencias especializadas de alto perfil técnico que asignen fondos concursables.
Tanto las ciencias como la creación cultural son procesos que se nutren de la innovación y la creatividad, por lo que un órgano de carácter vertical y dirigente, como sería un ministerio, parece contraproducente. Por otro lado, ambas áreas generan no solo bienes públicos como ciencia básica, investigación en humanidades y producciones artísticas -que por sus características es plausible que sean incentivadas desde el Estado-, sino también producen bienes que tienen un valor comercial. Por ejemplo, innovación en procesos productivos o material para audiencias masivas (cine, música, literatura, arte, etc.) donde el rol del Estado no genera ningún valor y, en cambio, puede ser fuente de ineficiente asignación de recursos y espacio para la captura de estas instituciones por parte de grupos de interés.
Pese a las prevenciones antes mencionadas, la actual situación institucional de ambos sectores merece ser revisada. La multiplicidad de organismos que hoy inciden -en ambas áreas- diluyen esfuerzos, además de perder coordinación. En el caso de las ciencias, los ministerios de Educación, Economía y Agricultura tienen fondos y políticas ad-hoc. Sin embargo, son las instituciones de educación superior las que realizan el grueso del aporte en producción científica. Esta situación se replica en el área artística, que además cuenta con industrias más desarrolladas. En este contexto, la pregunta es si la creación de nuevos ministerios será la solución a estos problemas o, por el contrario, significará una innecesaria injerencia estatal y más burocracia. En efecto, en régimen, el Ministerio de la Cultura se estima que costará más de $ 17 mil millones anualmente.
Una alternativa es que el Estado tenga un rol menos activo en cuanto a dirigir las políticas relativas a estas áreas, generando condiciones para que la industria cultural y científica puedan desarrollarse y, paralelamente, entregar recursos de manera competitiva cuando sean necesarios. Este es el modelo que ha seguido EE.UU., donde el grueso de la inversión proviene del sector privado -que accede a significativas deducciones tributarias por donaciones para estos fines- y organismos como la National Science Foundation o el National Endowment for the Arts financian con recursos públicos investigación y creación de manera muy selectiva, aunque abierta a todo tipo de instituciones.
Un modelo como el descrito, en parte recogido en Chile a través del trabajo de los fondos concursables para arte e investigación científica y las leyes de donaciones culturales, parece ser más adecuado para equilibrar incentivos a la investigación y creación, evitar discrecionalidad por parte del Estado y cuidar la eficiencia en el gasto. En ese sentido, sería preferible aprovechar mejor la institucionalidad ya existente, como el Consejo de la Cultura y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conycit).