Seis de los ocho candidatos presidenciales expusieron durante 20 minutos ante el Pleno de la Corte Suprema sus propuestas programáticas en materia de justicia. Asistieron Carolina Goic, José Antonio Kast, Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro. Por ejemplo, Goic expuso sus ideas sobre el Sename, mientras que Kast se refirió a La Araucanía.
Si bien este hecho se repitió durante las campañas de 2005, 2009 y 2013, no deja de llamar la atención que la Corte Suprema reciba a los candidatos, sobre todo, porque es un poder del Estado que goza constitucionalmente de independencia. Que los candidatos expongan en una instancia de este tipo -que no es abierta al público-, evidentemente deja ciertas dudas en torno al verdadero objetivo de la actividad y despierta legítimas dudas sobre el real interés. De acuerdo al World Value Survey (Encuesta Mundial de Valores) tres de cada cuatro chilenos desconfían del Poder Judicial, por lo que este tipo de instancias no contribuyen en favor de aumentar la confianza en los jueces.
Si bien, es legítimo el interés del resto de los poderes del Estado en que exista una discusión de fondo sobre los verdaderos lineamientos programáticos de cada aspirante -clave para que la ciudadanía pueda realizar una comparación acuciosa- , lo cierto es que este tipo de actividades no hacen más que confundir el rol independiente del Poder Judicial. La Corte Suprema debe resguardar su imagen de ser un organismo dedicado a aplicar la legislación vigente, sin ánimo de influenciar la actitud del Ejecutivo o el Legislativo.