El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, realizó esta semana una diligencia clave en el marco de la investigación penal que se originó a raíz del aluvión que afectó a la Villa Santa Lucía, el pasado 16 de diciembre, que dejó 16 fallecidos y seis desaparecidos. El persecutor ofició a la intendencia y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para establecer si es que existían informes que advertían que el fenómeno era posible.

Emilfork realizó esta petición a raíz de lo publicado en La Tercera el 19 de diciembre, que dio cuenta que un estudio elaborado en 2008 por Sernageomin alertaba de los peligros a los que se encontraban expuestos los habitantes de Santa Lucía, que estaban relacionados con aluviones volcánicos, sismos asociados a fallas activas y peligro de remociones en masa. Este estudio se realizó con motivo de la reubicación de los habitantes de Chaitén.

Consultado sobre estos antecedentes, Emilfork indicó hoy que "nosotros como fiscalía, desde el primer momento, estamos abocados hacia las víctimas. Se trata de un desastre de la naturaleza que ha afectado duramente a una comunidad de nuestra región".

Agregó que "familiares de las personas desaparecidas hicieron en su oportunidad denuncias por presuntas desgracias, lo cual genera una causa en la fiscalía, que actualmente se está llevando adelante en términos investigativos". El persecutor explicó que "en ese contexto, a partir de la información que nosotros tomamos conocimiento a través de un medio de comunicación, decidí oficiar a las autoridades pertinentes, en este caso la intendencia y Sernageomin, a los efectos de recabar información. Esto es, solicitar si existen informes, estudios previos a este evento, que den cuenta de situaciones de peligro para la población en Villa Santa Lucía".

Con esto, Emilfork busca establecer si es que las autoridades estaban advertidas de que una situación como el aluvión podía ocurrir. El siguiente paso, trascendió, es determinar si es que algún organismo del Estado debía tomar las precauciones necesarias ante esta información.

Entre las figuras que, eventualmente, se podrían configurar, se encuentran la negligencia por parte de autoridades, así como una eventual vulneración al rol de garante que debe tener el Estado.