La Tercera

Gorros, trazas químicas y municiones: las pruebas contra los comuneros

“Estaba adentro, escuchando la Palabra, y sentimos quebrar el vidrio y unos balazos. Nos decían salgan o los vamos a matar. Tomaron los bidones y echaron bencina. A mi sobrino lo amenazaron y a mi cuñada le pusieron una pistola en la cabeza”. Esta fue una de las declaraciones de A. C. H., en junio de 2016, y consignadas en la audiencia de formalización del caso, ya que él fue una de las víctimas del ataque incendiario al templo evangélico Iglesia del Señor, ubicado en Padre las Casas, Región de La Araucanía. Se trata del atentado ocurrido el 9 de junio de ese año, aproximadamente a las 21.15 horas, por el cual actualmente hay cuatro comuneros acusados como autores de incendio terrorista. Ellos son los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, además de Alfredo Tralcal.

Aunque la investigación está ad portas de iniciar la etapa de preparación de juicio, la controversia se desató tras una extensa huelga de hambre de los imputados, de más de 100 días, producto de la cual el pasado viernes 29 el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que el gobierno, en la instancia procesal que corresponda, desistirá del carácter terrorista del delito.

¿Qué ocurrió aquella noche del 9 de junio de 2016?

Las acusaciones presentadas, tanto por la fiscalía como por el gobierno, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, son similares. En ellas se sostiene que los cuatro comuneros, “previamente concertados, junto a un grupo indeterminado de sujetos, se dirigieron hasta la Iglesia Evangélica del Señor, ubicada en el kilómetro 3,5 de la Ruta S-269, en el camino a Niágara”, donde había 15 personas en un culto.

“En la parte posterior de la iglesia se quiebra una mampara de vidrio y una persona introduce una mano (…), entran dos o tres armadas, esparcen combustible con bidones, lanzan artefactos encendidos a las dependencias y un cuarto (hombre) se queda en el frontis”, relató el fiscal de la causa, Luis Torres, ante el tribunal.

Según el Ministerio Público, los responsables efectúan disparos al aire, amenazan a las víctimas y las expulsan del lugar, dejando dos panfletos. Luego, huyen por el campo, a pie, abordan una camioneta -marca Chevrolet, modelo Luv, y finalmente son detenidos por Carabineros en un control policial en el Callejón Córdova con el camino Tres Cerros. “Se trata de una situación de flagrancia”, explicó el persecutor Torres.

Entre las pruebas argumentadas por el Ministerio Público ante el juez está el hecho de que el grupo “intentó eludir el control de Carabineros” y que la policía halló elementos indiciarios en el vehículo: los cuatro imputados vestidos con ropas oscuras (iguales a las descritas por las víctimas) y una mochila de Pablo Trangol con un pasamontañas, una capucha, guantes y una munición Winchester .308, coincidente con dos impactos que los atacantes del templo dejaron en el techo del inmueble.

“Los peritajes del laboratorio revelaron también que Benito Trangol presentaba iones positivos para bario y plomo en sus manos, producto de un proceso de disparo reciente (…). En los guantes de la mochila había residuos de combustible compatibles los de la iglesia quemada”, se explicó.

En el expediente también se indica que el pasamontañas y otro gorro tenían restos de ADN, que indicarían un uso reciente de esos elementos. Además, según el Ministerio Público, hay dos testigos en la iglesia que, cuando vieron en televisión a los imputados detenidos, reconocieron a dos, porque en el ataque se les habrían bajado las capuchas. Y otro argumento esgrimido por la fiscalía es que los acusados no habrían dado una explicación para su presencia en la zona, en esa camioneta.

Las defensas de los comuneros, en tanto, desestiman la acusación y sostienen que no hay pruebas concretas. Cristhofer Corvalán, quien representa a Benito Trangol, indicó que “la bala no la encontraron en el bolsillo de nadie, sino en un pantalón que ellos dicen que estaba dentro de la camioneta. Y el control de la detención se provoca por un supuesto olor a bencina, pero dos horas un cuarto después de producido el hecho”.

Pamela Nahuelcheo, abogada del lonko Alfredo Tralcal, indicó que “el principal problema es que se les haya aplicado la Ley Antiterrorista. Eso tiene mucha injerencia en la utilización de los testigos protegidos. Nosotros no podemos hacer contraexámenes si no conocemos su identidad”.