Señor director
Nos alegra que los integrantes de la Comisión de Educación del Senado aprobaran en general y de manera unánime el proyecto de ley de Educación Superior, que consagra la gratuidad permanente para los estudiantes más vulnerables, tanto a nivel universitario como técnico profesional, lo que nos permitirá dejar de depender cada año de una glosa en la Ley de Presupuestos.
Con la gratuidad instalada como una gran posibilidad para miles de familias no podemos permitir que alguna de nuestras 18 universidades estatales y públicas, de propiedad de todos los chilenos, quede al margen de este proceso. Las universidades estatales y públicas funcionamos como una gran red de colaboración en la que nos asistimos mutuamente, por lo que valoramos la propuesta de introducir al proyecto de ley de fortalecimiento de universidades del Estado, la posibilidad de que planteles que cuenten con al menos cinco años de acreditación tutelen a aquellos que no presentan los cuatro años de acreditación mínima para acceder a los recursos de la gratuidad.
Es una figura de colaboración que permite instaurar un acompañamiento responsable, que asegura la calidad de todos los planteles estatales y públicos en todas las regiones, habilitándolos como verdaderos polos de desarrollo local y nacional. Esto forma parte de la responsabilidad del Estado de asegurar la calidad de sus universidades.
Es un tema prioritario para que ninguna de nuestras universidades quede rezagada. Sin embargo, lamentablemente una vez más surge la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional, cuando las decisiones de quienes nos representan en el Congreso son contrarias a los mezquinos intereses de algunos sectores que insisten en imponer sus términos, sin pensar en el bien común del país.
Juan Manuel Zolezzi
Rector Universidad de Santiago de Chile