INVESTIGACIONES periodísticas han revelado recientemente la existencia de graves fallas en el registro de pedófilos, el cual es de carácter público y donde deben quedar registrados todos aquellos condenados por abusos sexuales en contra de menores de edad. El estudio constató que de los 100 casos en contra de infantes ocurridos entre 2012 y 2016, se detectaron 12 inculpados que no figuran en dicho registro, en delitos tan graves como violación, abuso sexual, almacenaje y producción de material pornográfico. En siete de las causas los jueces no solicitaron explícitamente el ingreso de los condenados, mientras que en los cinco restantes sus nombres no aparecen a pesar de que se solicitó su incorporación.
A la luz de estos antecedentes, reviste especial gravedad que este registro -creado por ley en 2012 y que está a cargo del Estado- no se encuentre debidamente actualizado, lo que impide cumplir con el objetivo de protección que busca la ley, al establecer la inhabilidad de los condenados por estos delitos para trabajar con menores de edad. Los datos del Registro Civil indican que figuran alrededor de cuatro mil personas en dicho registro, dando cuenta de que el delito de abuso a menores desgraciadamente no es infrecuente, lo que exige extremar los cuidados y evitar fallas como las que se han revelado. Éstas no son inéditas, pues en noviembre de 2013 se detectaron 17 personas que continuaban trabajando en transporte escolar, a pesar de haber sido sentenciadas por los tribunales.
Es lamentable que el Estado una vez más muestre fallas inexcusables en la protección a los menores de edad. Los escándalos que se han conocido en el Sename -donde la responsabilidad del aparato público ha sido largamente acreditada- deben ser suficientemente aleccionadores para que se rectifiquen urgentemente los procedimientos y se establezcan controles efectivos.