LA DECISIÓN de mantener por un segundo -y último- año al administrador provisional (AP) a cargo de la Universidad Arcis, ha demostrado ser un desacierto y únicamente pospuso el cierre de la institución. Ante esta situación cabe preguntarse si para este caso -y otros que puedan ocurrir en el futuro- se justifica la existencia de una figura que, pese a tener importantes atribuciones, difícilmente podrá ser útil para salvar instituciones que sufren crisis severas que han llevado a la intervención del Ministerio de Educación.
Arcis fue la primera institución en que se utiliza la figura del AP por lo que resulta conveniente reflexionar sobre el impacto de una ley que se discutió al fragor de la contingencia producida por la crisis de la Universidad del Mar. Lamentablemente, los resultados de ambos procesos no son muy diferentes a pesar de que en el caso de la Arcis el número de alumnos y el ámbito geográfico eran bastante más acotados. Tras un año y medio todo indica que se procederá a revocar el reconocimiento oficial. Ello no debiera sorprender dado que la institución comenzó el año académico con alrededor de 900 estudiantes y para el presente año se matricularon menos de 40 nuevos alumnos. Esas cifras son claramente insuficientes para desarrollar un proyecto universitario, y el importante nivel de deudas hacían previsible que, más allá de las gestiones del AP, las posibilidades de reflotar la universidad fuesen limitadas.
De este modo, la ley de AP no parece haber sido útil para lograr la estabilización de instituciones en crisis y tuvo el costo de haber creado una falsa ilusión entre los alumnos respecto a las perspectivas futuras de la universidad, retrasando innecesariamente su reubicación en otras instituciones de educación superior, proceso en el cual el Estado sí tiene un rol que jugar. En ese sentido, la idea de dar continuidad al proyecto educativo si se logra una matrícula el próximo año cercana a 600 nuevos alumnos, es decir, 16 veces más respecto a quienes ingresaron este año, es voluntarista y arriesga agravar el problema. Cabe recordar que al AP le quedan seis meses de gestión y tras ese plazo debe necesariamente decretarse el cierre o devolver la administración de la universidad a sus dueños.
Otro aspecto negativo de esta figura es que la responsabilidad de la crisis parece haberse diluido entre quienes estaban a cargo de la institución, sus anteriores controladores ligados al Partido Comunista -cuyos dirigentes y líderes han mantenido un bochornoso silencio- y el mismo Ministerio, generando incentivos inadecuados si se pretende disciplinar a las instituciones para que velen por una adecuada gestión de sus instituciones. En la misma línea, es inconveniente la solicitud de la federación de alumnos para que el gobierno inyecte recursos fiscales para mantener la institución lo que además de ampliar los problemas ya mencionados, obligaría a los contribuyentes a costear instituciones inviables.
Llama asimismo poderosamente la atención la disposición de la Universidad de Chile para acoger a los alumnos que aún permanecen matriculados en la Arcis. Esa buena voluntad no se vio en el caso de la reubicación de alumnos de la Universidad del Mar, por lo que en beneficio de la transparencia sería útil conocer las razones de tal cambio de actitud y de qué forma pretende hacerse cargo de dichos alumnos.