RECIENTEMENTE este medio dio a conocer que se estaba fraguando la posibilidad de que aquellos parlamentarios que tengan pretensión de competir por el cargo de intendente -reforma que acaba de ser aprobada por el Congreso-, pudieran continuar en su cargo parlamentario en caso de ser derrotados, conservando también la dieta durante el tiempo de campaña. Tal revelación produjo un escándalo, que ha obligado al gobierno a dar marcha atrás y buscar otras fórmulas; diversos congresistas -en especial senadores- también han manifestado su reparo con esta fórmula, pues supone la entrega de privilegios injustificables en favor de parlamentarios.
Es lamentable que la posibilidad de entregar este tipo de ventajas haya sido siquiera considerada, sin haber calibrado el previsible descrédito que una medida así provocaría en la opinión pública. Esta polémica coincide con otro hecho bochornoso que enloda al Congreso, pues a la sesión del martes solo llegaron 36 diputados, lo que impidió constituir el quórum mínimo para sesionar. Los parlamentarios -y quienes tienen altas responsabilidades de gobierno- no deben seguir alimentando actuaciones que contribuyen aún más al desprestigio de la política. La última encuesta CEP ubicó precisamente a los partidos y el Congreso en el último lugar de la tabla en cuanto a valoración y confiabilidad de instituciones.
Nuestros legisladores parecen no haber aquilatado la importancia de resguardar la fe pública, lo que no solo supone abstenerse de buscar privilegios para sí, sino también en velar por el mejor interés del país. En efecto, esta excepción en el caso de los candidatos a gobernadores habría surgido por el interés de varios parlamentarios -en especial diputados- por postular al cargo de intendente, que pasará a denominarse gobernador regional. Precisamente en el ánimo de buscar una pronta aprobación de la ley orgánica constitucional que regulará las competencias de los futuros gobernadores, y la forma en que éstos serán electos, el Ejecutivo se habría allanado a introducir estas excepciones, para así facilitar los votos.
Pero ahora que la fórmula original no parece tener piso político, el gobierno explora una alternativa transitoria, de modo que solo para esta primera elección los parlamentarios no tengan inhabilidad para competir a gobernador regional. Dicha excepción -que se ha denominado "transicional"- se haría extensiva al resto de funcionarios del Ejecutivo, incluidos los actuales intendentes que quieran competir para este cargo. Sería injustificable que se busque presionar a la institucionalidad para satisfacer pretensiones electorales, aprobando normas que profundizan privilegios y que no guardan coherencia con las inhabilidades que rigen para ministros de Estado y otros funcionarios públicos, que deben renunciar un año antes si acaso tienen aspiraciones presidenciales o parlamentarias.
El Congreso y el Ejecutivo deben asumir el costo de haber improvisado una ley como la elección de gobernadores, que a pesar de los fundados reparos de improvisación que fueron formulados durante la discusión legislativa, aun así se aprobó sin haber resuelto aspectos clave, como las competencias que se habrán de transferir, o estas mismas inhabilidades que ahora se busca soslayar.