Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta de la República, acusó de "muy corrupta" a la Fiscalía de O'Higgins, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua declarara el sobreseimiento en la mayoría de las causas que el Ministerio Público le imputaba en el caso Caval. Dávalos cuestiona que el ente persecutor haya mantenido estas causas abiertas por largo tiempo, y que se hayan "filtrado" antecedentes de la investigación sin que ello se haya indagado, todo lo cual, a su juicio, lleva a que el caso responda a motivaciones políticas.
Aunque la vocera de gobierno se haya limitado a señalar que se trata de un ciudadano que hizo uso de su libertad de expresión, Dávalos ha ejercido altos cargos en La Moneda y es próximo a la propia mandataria, lo que le da a este episodio un carácter muy distinto al de una persona común.
Acusar de corrupción a un órgano del Poder Judicial, denunciar motivaciones políticas y el anuncio en tono desafiante de una querella para que se investigue a la Fiscalía de O'Higgins parece responder a una actitud más cercana al amedrentamiento antes que a un legítimo ejercicio de la libertad de expresión. El actuar de Dávalos fue muy cuestionado en el caso Caval precisamente porque existe la percepción de que pudo haber usado en forma imprudente la influencia política en su beneficio, sin temer a las consecuencias de aquello. El patrón otra vez parece repetirse, lo que sugiere que no ha existido un aprendizaje de lo que ha implicado el caso Caval.