"La huelga genera daño, y eso es lo que buscamos". La frase, dicha ayer por el líder del movimiento "No más AFP" -el cual convocó al paro realizado el viernes en distintas ciudades del país, supuestamente para cambiar el sistema previsional- resume bien las consecuencias de una movilización que fue irresponsablemente planteada, pues el objetivo era fomentar que los estudiantes se tomaran sus colegios, que la gente boicoteara el comercio o no usar el transporte público. El resultado de tal convocatoria, como era previsible, devino en grave vandalismo: calles cortadas en Santiago y en otras ciudades del país producto de barricadas, buses del transporte público quemados, además de múltiples destrozos en la propiedad pública y privada.
Los días en que el movimiento "No más AFP" se ufanaba de congregar a un millón de personas marchando pacíficamente a lo largo del país, han quedado definitivamente atrás. Esta coordinadora ha demostrado sus verdaderas motivaciones -por cierto muy alejadas de un debate razonado sobre cómo perfeccionar el sistema de pensiones-, que apuntan a una completa transformación del modelo económico y social del país, recurriendo a prácticas radicalizadas. El propio dirigente reconoce que ha sido necesario pasar a un "nueva etapa", ya que la autoridad no se ha hecho eco de sus demandas.
Esta irresponsable forma de entender el derecho a movilización -que en su afán ideológico es capaz de justificar el vandalismo y la desobediencia civil- recuerda las violentas prácticas a las que ha recurrido el ala más radicalizada del movimiento estudiantil, que tanto daño han provocado al país, debilitando la propia causa y generando un evidente rechazo por parte de la propia ciudadanía, saturada del desorden.
Los movimientos sociales deben asumir la responsabilidad que les cabe cuando convocan a movilizaciones masivas, porque ello es una forma de ejercer prudente y sensatamente el derecho a manifestarse, cuidando de no incitar a la violencia y neutralizar con decisión a aquellos segmentos más violentos. "No más AFP" ha fallado en la defensa de estos principios, y sus adherentes o quienes de buena fe se han sentido representados por dicho movimiento deben ser conscientes del giro que se le ha buscado dar.
El país ha sido convocado a un debate previsional en profundidad, para lo cual la Presidenta de la República ha llamado a un acuerdo nacional. Como ha quedado en evidencia, existen visiones muy encontradas sobre el alcance de dichas reformas; sin embargo, es positivo que el país retome su tradición de diálogo -ello no ha sido la tónica en otras reformas estructurales-, reconociendo que se trata de un aspecto especialmente delicado y sobre el cual no cabe improvisar. Es saludable que la propia Mandataria haya desechado la idea de volver a un sistema de reparto, y el propio Fondo Monetario Internacional haya recomendado mantener el pilar de capitalización individual.
Los movimientos sociales deben contribuir a un debate fundado y responsable, y procurar que sus puntos de vista persuadan y se hagan visibles mediante las herramientas legítimas que brinda la democracia. Intentar imponer una visión ideológica mediante la presión indebida se aleja de este propósito, y aquellos movimientos que insistan en esa vía no pueden ser considerados como interlocutores válidos.