La aplicación del artículo 155 de la Constitución para contener el desafío independentista en Cataluña, el viernes pasado, no solo marcó un hito en la historia de España, por ser la primera vez que se aplica esa norma desde la entrada en vigor de esa carta fundamental, sino también ha dejado en evidencia la fragilidad de la aventura emprendida por Carles Puigdemont. El destituido presidente de la Generalitat insistió desde que asumió ese cargo que el proceso independentista respondía a un anhelo mayoritario del pueblo catalán y que una vez alcanzado ese objetivo aquel territorio estaría en condiciones no solo de subsistir y prosperar económicamente, sino que incluso podría seguir ocupando el euro como moneda oficial y se mantendría dentro de la Unión Europea.
Muy luego quedó en evidencia la falsedad de esas afirmaciones, tanto por la masiva fuga de empresas catalanes de ese territorio a medida que avanzaba el proceso como por el compromiso de la Unión Europea por dejar meridianamente claro que cualquier territorio que se separa de un país miembro debe iniciar su proceso de postulación al bloque como cualquier otra nación.
La demostración definitiva de que la apuesta impulsada por Puidgemont respondía más bien al voluntarismo de un grupo minoritario de la sociedad catalana y no a un sentir mayoritario de la población quedó en evidencia este domingo con la masiva manifestación a favor de la unidad de España y en contra de la proclamación de independencia que se realizó en Barcelona. Un acto que reunió al menos a 300 mil personas, según la Guardia Urbana catalana -aunque sus organizadores hablaron de cerca de un millón- en el que se dio un firme respaldo a la decisión del presidente del gobierno español Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 y convocar de inmediato a elecciones generales en Cataluña para el 21 de diciembre. Esta última medida entregó una clara señal de parte del presidente del gobierno español de su compromiso de respetar la autonomía catalana, pero dentro de los márgenes establecidos por la Constitución. "Los catalanes hablarán con libertad y garantías (el 21 de diciembre)", dijo Rajoy. Una apuesta que está ayudando a descomprimir la crisis y ha llevado a autoridades catalanas, como la presidenta del Parlament, a acatar la decisión.
Pese a que el destituido presidente de la Generalitat sigue manteniendo su actitud desafiante, lo cierto es que la aplicación del artículo 155 está ayudando a rencauzar a Cataluña por la senda de la legalidad. El próximo 21 de diciembre serán los propios catalanes los que enjuicien lo sucedido en los últimos meses, como debe ser en todo sistema democrático, y elegir a un nuevo gobierno autonómico en unos comicios que -al contrario del referéndum del 1 de octubre pasado - se realizarán con todas las garantías de la ley. Esa será la ocasión de comprobar, además, el verdadero peso que tienen hoy los partidos que llevaron a Cataluña a la situación actual y que, según un reciente sondeo no solo no superan el 50%, sino que incluso bajarían cinco puntos respecto a las últimas elecciones.
Además, esa medición mostró que los catalanes partidarios de la independencia son poco más del 30%, lejos de la mayoría sostenida por Puigdemont. Un panorama que no solo refuerza a Rajoy sino que viene a confirmar la evidente desconexión entre el discurso del destituido presidente de la Generalitat y la realidad catalana.