EL mes de agosto fue especialmente complicado para el ex gerente general de Penta Hugo Bravo López. Las complicaciones de salud del otrora colaborador y hombre de confianza de los dueños del cuestionado holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, tuvo una recaída que obligó su traslado a la Clínica Las Condes por unos días. Sólo semanas antes había sido dado de alta del mismo recinto hospitalario, donde permaneció por más de dos meses, llegando a estar en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI).

Aunque por estos días se encuentra en su casa, el deterioro de la salud de quien es considerado el testigo clave del destape de los casos de financiamiento irregular de campañas políticas es tema obligado en el Ministerio Público. En particular, porque el denominado caso Penta está entrando en su cuenta regresiva.

En cinco meses, el cierre de la causa -que hasta ahora suma sólo un condenado por delitos tributarios, el ex senador Jovino Novoa- será un hecho. El 4 de marzo de 2017 se cumplen dos años desde que se formalizó ante la justicia el caso que puso en tela de juicio las prácticas de financiamiento de la política, máximo plazo que el actual sistema penal le otorga a la fiscalía para perseguir delitos.

Después de ello no habrá más espacio para que el Ministerio Público pueda ampliar los tiempos de la investigación. Y, ante la posibilidad de ir a un juicio oral, el testimonio de Bravo es vital.

En ese marco, la probabilidad de la llamada "prueba anticipada" -que asegure el testimonio del ex ejecutivo para ser usado en un eventual juicio oral- toma fuerza en el equipo que dirige el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y sus integrantes, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Los tres han intercambiado opiniones sobre el escenario que configura el delicado estado de salud de Bravo. Consultado al respecto, Guerra señaló a Reportajes que la prueba anticipada de Hugo Bravo "es una posibilidad y estamos examinando cuál es el mejor momento para realizarlo".

Los días sombríos de Bravo

A sus 71 años, el ex brazo derecho de Lavín y Délano sufre cinco enfermedades: diabetes crónica, problemas cardíacos, renales, neuropatías diabéticas y artropatía de Charcot. Este último padecimiento lo llevó a fracturarse ambos pies.

La abogada de Bravo, Catherine Lathrop, sostiene que ellos siempre han estado a disposición de lo que la fiscalía les pida. "Hugo Bravo siempre ha estado dispuesto a una eventual prueba anticipada, porque aquello se condice con la colaboración sustancial que siempre ha prestado en la investigación", aseguró.

En la "prueba anticipada", el ex gerente general de Penta tendría que entregar su testimonio ante un juez y ser objeto de interrogatorios y contraexamen de las defensas, tal y como sucedería en un juicio oral.

La única distinción es que esto se realiza ante un juez de garantía y no ante los tres magistrados de un tribunal oral.

La "prueba anticipada" -que está regulada en el Código de Procedimiento Penal- reemplazaría la presencia del ex ejecutivo en un eventual juicio oral en el caso Penta, que según cálculos y de no prosperar una salida alternativa con los dueños del holding, podría materializarse a fines de 2017. Ello, en caso de que su condición de salud no lo permita o -en el peor de las posibilidades- se produzca un deceso.

Cercanos a Bravo aseguran que pese a lo delicado de su salud se encuentra estable y, además, con sus facultades mentales en condiciones óptimas. Sin embargo, la preocupación de algunos al interior del ente perseguidor penal es que esta situación pueda cambiar.

Es por ello que en el Ministerio Público monitorean el estado del ex ejecutivo de Penta permanentemente para establecer un período en el que su salud de estabilice, ya que se prevé que su testimonio, el interrogatorio y contraexámenes se podrían extender por varias jornadas e incluso semanas.

El testimonio de Bravo es determinante para la investigación de Guerra, Gajardo y Norambuena al momento de que presenten una acusación ante el tribunal de garantía en el marco del caso Penta. Tras ello se materializa la decisión de llevar la causa ante tres jueces del Tercer Tribunal Oral de Santiago, quienes deberán analizar la prueba y determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Aunque el ex ejecutivo de Penta tiene calidad de imputado, hasta ahora ha marcado una diferencia sustantiva con sus ex empleadores del holding, Délano y Lavín, por lo que la posibilidad de que testifique es un elemento clave para que la fiscalía logre condenas en el caso.

Desde el inicio de la investigación, el testimonio de Bravo fue la "carta de navegación" para los fiscales involucrados en el caso. De hecho, fuentes consultadas aseguran que el 80% de lo declarado por el ex ejecutivo se logró comprobar con otras diligencias (evasiones tributarias, peticiones de dineros de políticos, etc.).

Su versión oral en el juicio -no la que dio y quedó escrita en papeles que se archivaron en el expediente, ya que eso no se puede mostrar en esa instancia- es una de las pruebas más relevantes para el Ministerio Público en la causa.

Aunque algunos plantean que si Bravo no pudiese estar presente en esa etapa los policías que presenciaron sus declaraciones podrían dar cuenta de éstas, para el juez oral Mauricio Olave "esto no es lo mismo".

Sin entrar en el caso particular, el magistrado del Cuarto Tribunal Oral de Santiago sostiene -en base a su experiencia- que "desde el punto de vista de los jueces orales hay un debilitamiento de la información si los testigos de oídas, que serían en este caso los policías, cuentan lo que el imputado o testigo declaró".

Colaborador sustancial

Pese a que desde el estallido del caso -a fines de 2014- el deterioro de la salud de Bravo se ha ido incrementando, el destino judicial del ex ejecutivo quedó pactado desde el momento en que decidió renunciar a su derecho a guardar silencio ante la fiscalía, el 7 de agosto de 2014.

La decisión de Bravo de colaborar de forma eficaz fue determinante para que los fiscales Gajardo y Norambuena se allanaran a negociar un procedimiento abreviado cerrado en su favor. En el Ministerio Público afirman que el otrora brazo derecho de Délano y Lavín por ningún motivo arriesgaría pena efectiva de cárcel, pese a reconocer una gama diversa de delitos tributarios, eventual lavado de dinero y cohecho.

Una situación totalmente contraria a la de sus ex empleadores en caso de que no se reconozca por los tribunales ninguna atenuante.

El trato distinto a Bravo y los controladores de Penta -quienes se han negado a reconocer la posibilidad de cohecho- ha sido permanente a lo largo de la investigación. De hecho, la fiscalía no pidió la prisión preventiva del ex ejecutivo tras formalizarlo en marzo del año pasado. Era un trato.

Que Bravo haya debido compartir un espacio reducido y horas de ocio en el Anexo Cárcel Capitán Yáber con Délano y Lavín -aunque no se dirigieron nunca la palabra- fue por la arremetida del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuyo presidente Juan Ignacio Piña -querellante del caso-, batalló para que el ex gerente cumpliera la misma cautelar de los dueños de Penta. Fue la única vez que Bravo estuvo tras las rejas.

En el último tiempo, la defensa del ex ejecutivo ha ocupado parte importante de su agenda en resolver los pormenores de un procedimiento abreviado.

Al interior del Ministerio Público se afirma que Bravo cuenta con tres atenuantes: irreprochable conducta anterior, reparación del perjuicio fiscal (hace dos meses el SII emitió los certificados del pago total de los impuestos evadidos por su empresa y como persona natural) y la colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos. Esta última se le reconocería como muy calificada, lo que ayudaría a bajar aún más la pena.

Lathrop -por el momento- no ha hablado con los fiscales de la pena que pretende en el marco de su negociación de un juicio abreviado. Lo que sí, se aspiraría a una condena menor a la que acuerden los controladores del holding.

Con la "prueba anticipada" y un abreviado cerrado, la salida de Bravo del caso estaría sellada pronto. Siempre y cuando ningún querellante se oponga.