Señor director:
Paralelamente a la discusión sobre la reforma de la institucionalidad de la Educación Superior que se está tramitando, se ha presentado una propuesta para modificar el Derecho a Retracto establecido en la Ley 19.946 de Derechos del Consumidor.
El Derecho a Retracto es la facultad que tienen los estudiantes para dejar sin efecto su matrícula en una universidad, sin costo alguno para ellos ni expresión de causa. Para ello la ley establece un plazo en el que pueden hacer efectivo ese derecho.
Es importante tener en consideración que las universidades organizan su actividad académica en función del número de estudiantes matriculados, lo que implica contratación de profesores, disponibilidad de infraestructura, biblioteca y laboratorios. Creemos que ampliar sin restricciones el plazo de retracto, además de dificultar la planificación y gestión de las instituciones, y por la forma en que está redactado, puede causar perjuicios para los estudiantes que pretende proteger.
De hecho, ¿qué pasará cuando un estudiante, para asegurar matrícula, se inscriba en alguna institución de educación superior un mes antes de recibir sus resultados de postulación por PSU? Se vencerán los diez días de plazo de retracto y el alumno (y familia) perderá su inversión, si es que decide estudiar entonces en otra universidad.
En definitiva, la capacidad de planificación y gestión son instrumentos claves para mejorar la calidad de la educación que entregamos a los estudiantes de nuestras universidades, y valoraríamos poder contribuir para que este proyecto pueda compatibilizar los derechos de los estudiantes con la necesaria estabilidad de las instituciones.
Pilar Armanet Armanet
Presidenta Corporación de Universidades Privadas