En 2002, asistía a colegios municipales un total de 1.875.362 estudiantes, lo que equivalía al 52% del total. Para 2009, la matrícula en esos establecimientos se había reducido  a un 43% del total de alumnos del país, como consecuencia de un traslado paulatino desde esos colegios hacia instituciones particulares subvencionadas. 

En estos últimos y en los municipales, la educación de los alumnos es gratuita, de manera que el traslado no ha tenido como objetivo reducir el costo de educarse. Al contrario, es posible suponer que la distribución inicial de los matriculados fue en favor de establecimientos cercanos a las viviendas de los alumnos, lo que significaría que el mencionado traslado de alumnos debe haber significado un mayor costo por concepto de viajes. 

Todo indica entonces que la migración hacia la enseñanza particular subvencionada ha sido, a pesar de eventuales mayores costos, una opción por una educación de mayor calidad. Numerosos estudios técnicos en el área educacional muestran que los colegios particulares subvencionados logran mejores resultados que los municipales. Esto parece explicarse por una mejor gestión, gracias a regulaciones laborales más flexibles en los establecimientos particulares subvencionados y, posiblemente, a una mayor cercanía entre su dirección superior, los apoderados y los estudiantes, que da origen a una mayor capacidad de respuesta ante los problemas que surgen en la gestión de una escuela.

Por cierto que la mencionada migración genera una dificultad para el manejo de aquellas instituciones municipales que pierden matriculados y que así enfrentan menores ingresos. Esta dificultad -que tiende a surgir en forma análoga cada vez que, a través de subsidios a la demanda, se pone en manos de los interesados la capacidad de elegir una alternativa al servicio provisto por el Estado- puede resolverse de dos formas: a favor de los estudiantes o a favor de la burocracia y de los profesores municipales. 

Resolver a favor de los estudiantes requiere, por una parte, acentuar la política de destinar los recursos fiscales a través de un pago por alumno, que llegue a aquellas entidades, privadas o municipales, que los alumnos seleccionen. Pero al mismo tiempo, significa enfrentar la necesidad, detectada desde hace mucho tiempo, de modificar el Estatuto Docente que restringe fuertemente la capacidad de gestión en las escuelas municipales. Es urgente un esfuerzo serio para mejorar las deficiencias que llevan a la pérdida de calidad en la educación municipal, más aún si en muchos lugares es la única alternativa de que disponen las familias.

El fenómeno analizado arroja luz sobre una de las principales motivaciones que deben haber tenido las movilizaciones estudiantiles que arreciaron a comienzos del gobierno de la Presidenta Bachelet. Si bien se les atribuyó un carácter ideológico, que se concretaba en una lucha por la eliminación del lucro en la educación -en teoría, una lucha por restringir la educación particular subvencionada-, parece más acertado entenderlas como una intento por promover una mejor educación. 

En el hecho, las mismas familias de los "pingüinos" estaban al momento de esas movilizaciones, con gran esfuerzo y desde muchos años antes, destinando sumas crecientes a la educación superior de sus hijos. Por su parte, los hermanos mayores de los "pingüinos", mientras ocurrían las movilizaciones, daban muestras de gran selectividad al elegir dónde estudiar para lograr un título universitario o profesional. 

El importante traslado de alumnos desde la educación municipal a la particular subvencionada, junto al enorme desarrollo de la educación superior chilena -que ha de ser una de las "industrias" con mayor crecimiento en los últimos 20 años en Chile- son indicaciones de la enorme valoración que las familias chilenas hacen de una educación de calidad, sin consideraciones ideológicas.
Serían enormes los beneficios sociales y políticos de actuar profundizando esa libertad de elección de las familias.