EL EXPRESIDENTE de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia declaró culpable a Lula de haber aceptado 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos de la firma de ingeniería OAS SA. Se trata de la primera vez que un exmandatario de ese país es condenado por corrupción.
Este hecho, además de representar un duro golpe para una de las figuras más emblemáticas de Brasil de los últimos años, ahonda la compleja situación política y económica que enfrenta ese país, y abre un complicado horizonte hasta las próximas elecciones presidenciales. Lula aún puede aspirar a ser candidato para los comicios generales de 2018. Solo sería impedido si la sentencia fuese ratificada por el Tribunal Federal Regional.
Resulta insólito que un personero que tiene, además, otras cinco causas penales abiertas -la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras- se presente como candidato presidencial. De ganar la elección de octubre de 2018, el exmandatario podría obtener inmunidad y se libraría de su condena, en caso de que la sentencia fuese ratificada después de los comicios, al menos durante el periodo que dure su mandato.
Considerando que Lula lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año es aún más imperativo que la justicia de ese país no demore en revisar la sentencia de primera instancia emitida por el juez Sergio Moro, de manera de evitar que la situación de incertidumbre política en la que ya se encuentra Brasil siga escalando.