UNO DE LOS componentes del Plan Iquique anunciado por el gobierno -que busca reducir la tasa de delincuencia en la Región de Tarapacá, la más alta del país- será fortalecer el control a lo largo de los 365 kilómetros de frontera que comparte con Bolivia. En lo fundamental, ello supondría encargar a fuerzas del Ejército la realización de trabajos -como cavar zanjas y colocar obstáculos-, que dificulten el tránsito de personas y vehículos en una zona donde hay 81 pasos no habilitados, versus sólo tres que son legales y cuentan con vigilancia policial. También se instalarán pórticos con cámaras en distintas vías para detectar vehículos robados.
Hace perfecto sentido que el Estado chileno muestre preocupación por fiscalizar y proteger mejor una frontera que es conocida por su porosidad y por las ventajas que ello representa para el contrabando de vehículos (robados en Chile para ser vendidos en Bolivia) y el tráfico de drogas (producidas en el país vecino y exportadas a EE.UU. y Europa a través de territorio chileno), entre otros problemas. Sólo en las últimas semanas, dos episodios de alta connotación han puesto en evidencia los riesgos que representa para nuestro país la situación en esa frontera.
Por un lado, la confesión de culpabilidad en el delito de narcotráfico que hizo el ex zar antidrogas de Bolivia ante un tribunal de Estados Unidos, en donde está siendo juzgado tras una operación conjunta entre la DEA y la policía chilena, luego de organizar el envío a Miami de un cargamento de cocaína a través de Arica. Por otro, la detención en Chile de 14 soldados bolivianos, uniformados y armados, que habían cruzado la frontera sin permiso y se encontraban a bordo de vehículos encargados por robo en nuestro país.
La mayor vigilancia fronteriza parece aún más justificada si se tiene en cuenta que el gobierno de La Paz no parece suficientemente interesado en dar adecuada respuesta a la preocupación sobre el asunto en Chile. Así, la controvertida actuación de los soldados, lejos de ser castigada por las autoridades bolivianas, fue premiada con condecoraciones y ascensos, y motivó acusaciones de que Chile había violentado sus derechos. Bolivia, además, acaba de llevar a cabo un proceso de legalización de miles de vehículos indocumentados, la mayoría robados en países vecinos, entre ellos, Chile. Respecto del caso Sanabria, aunque La Paz reiteró su condena al tráfico de drogas, acusó a Chile de "deslealtad", por no prevenirla sobre el operativo policial para capturar al ex general y cuestionó las reales motivaciones detrás del mismo.
Con todo, es preciso seguir muy de cerca el rol de los efectivos militares mientras realizan los trabajos para dificultar los cruces ilegales por la frontera con Bolivia. Por un lado, sus capacidades y recursos pueden ser un valioso aporte en la realización de esas tareas; por otro, la posibilidad de incidentes armados con soldados o contrabandistas bolivianos, y el potencial foco de corrupción implícito en la mayor probabilidad de contactos con organizaciones criminales, imponen elevadas cuotas de cautela y una estrecha fiscalización. Bolivia, por su parte, debe entender estos esfuerzos como la comprensible respuesta de Chile ante un estado de cosas que su vecino no da muestras de querer enfrentar con la diligencia que su gravedad amerita.