La agencia de Calidad de la Educación, finalmente, entró en régimen al ordenar a los establecimientos escolares según sus logros de aprendizajes y otros indicadores de calidad tales como convivencia escolar, hábitos de vida saludable, equidad de género, entre otros, que permitirán una evaluación más integral de la calidad de la educación y concentrar los apoyos pedagógicos donde más se requieran. Esto es una positiva noticia, ya que termina un proceso que se inició hace casi una década con ocasión de las protestas estudiantiles ocurridas durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet.
Este nuevo marco regulatorio será más exigente pero, al mismo tiempo, entregará mayor claridad respecto a qué se le exige a los establecimientos en términos académicos y dispondrá de mayores niveles de apoyo para las escuelas que se queden atrás. Esta ayuda se traduce en visitas evaluativas de orientación que realizará la misma Agencia de modo que una mirada externa ayude a los establecimientos con resultados insuficientes a identificar cómo mejorar. La implementación de dichas medidas podrá realizarse con apoyo del Mineduc o de instituciones privadas autorizadas por éste. Además, la Agencia buscará identificar y difundir las buenas prácticas que presenten los establecimientos de alto desempeño, buscando que el sistema, como un todo, mejore sus estándares.
Sin ser el objetivo de la ley, ésta también establece que tras cinco años de mal desempeño se revocará el reconocimiento oficial -o se obligará a reestructurar donde no existan alternativas cercanas- a establecimientos que, a pesar de las orientaciones y los apoyos mencionados, no sean capaces de entregar a sus estudiantes el nivel de conocimientos y aprendizajes que considera el currículum nacional. Esta nueva normativa -que, en la práctica, deja de entregar la subvención a los establecimientos que actualmente reciben o, en el caso de aquellos que no reciben recursos estatales, la imposibilidad de entregar licencia de octavo básico y cuarto medio- parece razonable para un sistema que, si bien muestra mejoras, ha sido permisivo con proyectos educativos públicos, subvencionados y privados, que no dan suficientes garantías a las familias. En ese sentido, tampoco parece razonable que el Estado continúe financiando con fondos públicos proyectos que reiteradamente no logran los niveles de calidad que el país ha definido. Asimismo, impondrá un mayor sentido de urgencia a quienes están a cargo de la educación municipal, donde en muchos casos la calidad de la educación es una preocupación secundaria respecto a otras consideraciones que tienen mayor peso político.
Con todo, el número de establecimientos que perderá su reconocimiento oficial será acotado. En esta primera ordenación, un 11% del total de establecimientos obtuvieron la calificación de "insuficiente" y, por ende, corren ese riesgo. El incentivo a superarse, el involucramiento de las familias y los mecanismos de apoyo mencionados debieran hacer poco probable que permanezcan en esa categoría durante cinco años consecutivos. Si eso ocurriese, evidentemente generará dificultades en las comunidades que forman parte de ese proyecto académico. Sin embargo, existe amplio consenso en cuanto a que la prioridad es que los alumnos logren acceder a una educación que les permita desarrollar todo su potencial.