LA REGIÓN de La Araucanía volvió a ser foco de un nuevo atentado incendiario, que se registró en el sector Bajo Chufquén, en el camino que une Traiguén y Galvarino, y que dejó cinco maquinarias destruidas de una empresa de áridos, lo que provocó millonarios daños. El ataque habría sido reivindicado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), lo que hasta el momento no ha sido desmentido.
Este nuevo hecho de violencia vuelve a relevar el grave problema de inseguridad que se vive en esta región, constantemente golpeada por ataques que configuran acciones de tipo terrorista, y que naturalmente debilitan el estado de derecho. No cabe olvidar que solo hace algunas semanas un trabajador murió calcinado en otro ataque que aún no logra ser aclarado.
A raíz de la emergencia que se vivió con los incendios forestales, el ministro del Interior debió focalizar sus esfuerzos en dicha contingencia, postergándose el debate en torno a la violencia en La Araucanía, que por esos mismos días motivó una interpelación parlamentaria del ministro. Ahora que los incendios han logrado ser controlados, es indispensable que el Ministerio del Interior se aboque a la inseguridad que afecta a
La Araucanía y parte del Biobío, en conformidad con los compromisos que la propia autoridad asumió ante el Congreso.
Estos urgentes esfuerzos por mantener el orden público y llevar ante la justicia a sus responsables debe ser armonizado con tareas de más largo, en lo cual se enmarca el informe final que entregó la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, el que pronto debería traducirse en propuestas concretas. Sin que se ataje la violencia, es poco factible que otras medidas de más largo plazo puedan rendir frutos, y de allí la relevancia de que la seguridad vuelva a ser recuperada.