El actual gobierno ha realizado un esfuerzo valioso para fortalecer la transparencia y la probidad en la administración del Estado. Un ejemplo de ello es la Ley sobre Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en abril y que se ha ido transformando en uno de los cambios más relevantes de los últimos años en este ámbito.
Ahora, el Ejecutivo ha propuesto dar un nuevo paso en esta línea, para perfeccionar y complementar las regulaciones relativas a las declaraciones de patrimonio, los conflictos de interés y la transparencia de las decisiones públicas. La propuesta está, en general, bien orientada, pero sus detalles deberán ser analizados con cuidado para evitar que se transformen en trabas para la acción de las autoridades o desincentiven el acceso de personas capacitadas a estos cargos.
La Secretaría General de la Presidencia ha anunciado que está afinando proyectos de ley con procedimientos para detectar posibles enriquecimientos ilícitos a consecuencia de abusos de la función pública y normas que regulen de mejor forma el paso de autoridades públicas al sector privado, incluyendo desde ministros de Estado a jefes de departamento, cargos de elección popular y oficiales superiores de las FFAA.
El Ejecutivo busca, además, crear un sistema de fiscalización de las declaraciones de intereses y patrimonio que las autoridades, deben entregar hoy al asumir y al dejar un cargo, de acuerdo con la ley. La idea surge, precisamente, de la constatación de que las declaraciones actualmente son incompletas o no se presentan al terminar las funciones. Un mejor control permitiría velar porque los datos en las declaraciones sean completos, fidedignos y actualizados, y establecer sanciones evitaría la omisión en su presentación (lo suficientemente drásticas como para tener un efecto disuasivo).
Estas propuestas se unen a otras en temas relacionados y que ya se discuten en el Congreso, como el proyecto que crea el fideicomiso ciego. Este, sin embargo, al fijar un umbral muy elevado para su aplicación -contar con un patrimonio de US$ 20 millones- sólo afecta a un universo muy reducido de personas y, por ello, sería de alcance poco significativo.
Otro de los proyectos en estudio en La Moneda es el destinado a imponer sanciones para quienes no cumplan con la limitación que actualmente fija la ley para que ex autoridades -de instituciones que tengan facultades fiscalizadoras o que dicten regulaciones específicas- puedan desempeñarse en empresas que se encontraban bajo su supervisión en los primeros seis meses, luego de abandonar sus cargos en el Estado.
Esta ventana de tiempo ha demostrado ser útil, pues contribuye a disminuir las posibilidades de que las tareas privadas de una ex autoridad entren en conflicto con su anterior función, en la que pudo haber contado con antecedentes reservados relevantes. El establecimiento de sanciones para su incumplimiento contribuye, sin duda, a fortalecer esta normativa.
Sin embargo, también cabe sopesar el hecho de que las barreras de salida de la función pública bien pueden transformarse en obstáculos para incentivar a profesionales competentes para que ingresen al servicio público. En este sentido, se debe tener claro que estas medidas, para mantener la calidad de los funcionarios afectados, deben tener una contrapartida en las remuneraciones ofrecidas.
Además, parece razonable ampliar esta medida a otros funcionarios de alto rango como, por ejemplo, los ministros de carteras técnicas, pues entre sus atribuciones pueden existir algunas -como negociar contratos, entre otras- que generen conflictos de interés análogos.
Así como la incorporación de personas calificadas del sector privado en cargos públicos permite lograr notables avances en la gestión pública, quienes abandonan esos cargos también aportan visiones y experiencias valiosas al sector privado. Por eso, son bienvenidas las regulaciones que, sin entorpecer este traspaso, controlen los conflictos de interés que puedan surgir en ese proceso.