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A fines de octubre de 2018 vencerá el plazo para que la industria bancaria cumpla con las medidas que exige el Decreto 222, emitido en 2013 por el Ministerio del Interior, y que tiene como propósito reforzar la seguridad de los cajeros automáticos.
Si bien las disposiciones dictadas por el gobierno e implementadas por los bancos han logrado reducir de forma importante este tipo de delitos, es cierto también que hoy su ejecución se realiza con mayor alevosía y poder destructivo -a fin de lograr violar todos los dispositivos de seguridad implementados-, lo cual conlleva daños colaterales enormes.
Este fin de semana, un grupo de individuos, mediante el método de saturación por gas, hicieron explotar el cajero automático de nuestra sucursal ubicada en Avenida del Parque en Ciudad Empresarial. Los delincuentes posteriormente se dieron a la fuga sin lograr la sustracción del dinero.
Me gustaría señalar que este cajero automático estaba certificado, cumplía con la nueva normativa y además habíamos implementado medidas de seguridad adicionales para evitar este tipo de ilícitos. Esto confirma que la nueva disposición no basta para impedir que sigan ocurriendo estos delitos.
Bajo nuestra perspectiva no es necesario seguir incrementando la seguridad de la red de cajeros automáticos en el país. Lo que se necesita ahora es incrementar las penas referidas a este tipo de delitos, a fin de disuadir a los delincuentes a cometer estos graves actos que pueden cobrar vidas, más allá de causar un daño patrimonial enorme. Los responsables deben ser sancionados de forma eficaz y proporcional al daño y riesgo potencial que generan.
Hacemos un llamado al gobierno a modificar la legislación vigente, con miras a sancionar de forma efectiva la delincuencia que nos ataca de forma feroz.
Francisco Sardón de Taboada
CEO & Country Head de Scotiabank Chile