Representantes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Servicio Jesuita de Inmigrantes solicitaron al gobierno la realización de un proceso extraordinario de regularización para extranjeros que permanecen en Chile en forma irregular. De acuerdo con dichas organizaciones, habría unas 200 mil personas en dicha condición, cifra que llama la atención por su magnitud.
Quienes están en una condición irregular enfrentan una serie de dificultades para insertarse laboralmente y acceder a prestaciones sociales. Se trata de una situación objetivamente compleja, pero cuya solución no debería ser resuelta mediante "perdonazos", porque con ello se deja de abordar el problema de fondo. Experiencias de esta naturaleza ya hubo en 1998 y 2007, pero fue en un número muy inferior, y como algo excepcional.
Si es efectivo que más de 200 mil inmigrantes están en una situación irregular, una solución debería ser acordada en el Congreso, mediante una ley, y con un debate público que aborde transparentemente el costo fiscal y las razones de por qué se habría llegado a esta magnitud.
Volver al mecanismo del "perdonazo", además de constituir una inadecuada forma de abordar las políticas públicas, no evita que continúen acumulándose casos irregulares; asimismo, permite seguir postergando la discusión legislativa sobre una nueva ley de inmigración, la que resulta indispensable para recoger los positivos flujos de la inmigración -también para dar alternativas de solución a quienes hoy no cumplen con la ley-, conforme las necesidades del país.