La Fundación Nodo XXI, ligada a la Izquierda Autónoma, se encuentra trabajando en una propuesta para la reforma a la educación superior en la que proponen una red de instituciones de educación superior pública que esté integrada por las universidades y CFT estatales, los planteles privados laicos del Cruch (el llamado G3) y, eventualmente, Inacap "si es que se recupera cierto control público que originalmente tuvo", explicó Víctor Orellana, investigador del centro de estudios.
La idea es que también participen las instituciones con proyectos confesionales, es decir, las universidades católicas del Cruch y otros planteles creados después de 1981 que "colaboren con la función pública" y que "tengan una probada colaboración de fines públicos", señaló Orellana.
La idea es que el financiamiento público en el mediano y largo plazo se redirija a esta red y que allí se concentre la gratuidad universal, dejando sin financiamiento al sector netamente "privado lucrativo", dijo Orellana.
"El país construyó un sistema en torno al mercado y se generó una expansión, pero para los fines de ese mercado, metió mucha gente a un sistema que no funcionó. Por más que regules, no vas a resolver los problemas", subrayó Orellana, quien remarcó que la idea es masificar la red pública. "No hay que quitar derechos a los estudiantes, pero las vacantes nuevas del sistema deben orientarse a las instituciones públicas. Su financiamiento rinde más allí".
Para el investigador de Nodo XXI, el sistema entonces "debe crecer en matrícula y debe crecer en espacio. Nos parece que ese camino cuesta lo mismo que con los recursos que ya se están invirtiendo".
La proyección de la fundación es que al 2020 la red pública concentre el 30% de la matrícula del sistema de educación superior (hoy las estatales tienen el 15% de la matrícula y las Ues laicas un 5%) y que la de las universidades confesionales del Cruch se mantenga en torno al 7,4%.